• MINEM destaca que estos recursos son importantes para la ejecución de proyectos, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y cerrar brechas.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que la transferencia de recursos generados por la minería a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Sur, que incluyen el Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron a mayo del 2022 más de S/ 1,679 millones.
Esta cifra transferida a las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna contribuye de manera importante a la continuidad de las actividades económicas regionales, entre otros aspectos.
De acuerdo al Boletín Estadístico Minero, las transferencias por Canon Minero entre enero y mayo de este año superan los S/ 974 millones, monto que va dirigido a los gobiernos del interior para la ejecución de obras públicas, en diversos sectores, en beneficio directo de la población.
Las transferencias por el concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales, durante el mismo periodo, sumaron más de S/ 698 millones, situación que fue alentada por los altos precios de los metales en el mercado internacional y la mayor producción minera, lo que generó mayores utilidades para las compañías mineras y, por consiguiente, más impuestos.
Asimismo, las regiones del sur del país recibieron por Derecho de Vigencia y Penalidad un monto que supera los S/ 6,1 millones.
Entre las regiones de la Macrorregión Sur que recibieron más recursos se encuentra en primer lugar Tacna con más de S/ 466 millones; seguido de Moquegua con más de S/ 308 millones; en tercer lugar, Arequipa con una cifra que supera los S/ 297 millones. Sigue en la lista, Cusco con más de S/ 245 millones; Apurímac que recibió más de S/ 227 millones; y Puno con más de S/ 132 millones, entre otras.
Estos recursos constituyen una fuente de financiamiento importante para los gobiernos subnacionales, ya que les permite ejecutar proyectos públicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, en especial, de las comunidades que se ubican en las áreas de influencia de los proyectos mineros.