Impacto económico
Basombrío destacó a Perú21 que los ingresos generados por la minería ilegal suelen quedarse en el país, alimentando una economía paralela que supera ampliamente al narcotráfico. Según su análisis, mientras que la minería ilegal genera exportaciones de oro por US$6 mil millones, el narcotráfico solo alcanzaría los US$1.5 mil millones. También informó que el dinero proveniente de esta actividad se estaría lavando en regiones como Ucayali.
Impacto ambiental y social
La minería ilegal no solo representa un problema económico, sino que también tiene consecuencias ambientales y sociales devastadoras. Una encuesta realizada por Ipsos reveló que el 71% de los encuestados identifican la destrucción del medio ambiente como el principal efecto negativo de esta actividad. Otros impactos incluyen la evasión fiscal (42%), la trata de personas y el contrabando (35%), el robo a propietarios legítimos (32%) y el incremento de la violencia (29%).
La deforestación masiva en regiones como Madre de Dios y el uso indiscriminado de mercurio para extraer oro han dejado ecosistemas irrecuperables, poniendo en riesgo la biodiversidad y las fuentes de agua potable.
El oro ilegal en el comercio internacional
Según Basombrío, el oro extraído ilegalmente en Perú se exporta a diversos países, incluyendo Bolivia, Brasil, Paraguay, India, Suiza, Inglaterra y Sudáfrica. Esto subraya la existencia de redes internacionales que facilitan la comercialización del oro ilegal, muchas veces bajo el disfraz de legalidad.
La OCDE ha identificado este problema como una amenaza global, recomendando políticas más estrictas para rastrear la procedencia del oro comercializado.
Minería ilegal y política
Otro aspecto alarmante es el posible vínculo entre la minería ilegal y el financiamiento de campañas políticas. Tanto Basombrío como el exviceministro del Interior Ricardo Valdés advirtieron que estos fondos podrían infiltrarse en las próximas elecciones. Esta preocupación se intensifica tras informes de que dirigentes vinculados a la minería informal han sido captados por partidos políticos como militantes.
Este fenómeno plantea preguntas sobre la transparencia y la integridad en el sistema político peruano, especialmente en un contexto donde el dinero ilícito puede influir en las decisiones políticas.