El Ministerio de Energía y Minas de Perú, bajo la dirección del ministro Rómulo Mucho, ha expresado la necesidad urgente de modificar la Ley de Consulta Previa para hacerla más eficiente en el proceso de aprobación de proyectos mineros. Actualmente, las compañías enfrentan un período de espera de entre dos a tres años para obtener la aprobación necesaria del Gobierno, lo que retrasa significativamente los proyectos de exploración y explotación minera.
Así lo señaló en una entrevista exclusiva con el programa “Diálogos Mineros” del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). “La consulta previa es una herramienta que ya está en nuestra legislación y está siendo abordada por casi todos los proyectos mineros. Lo que queremos es que la consulta previa sea mucho más rápida”, apuntó.
La consulta previa y su impacto en los proyectos mineros
La consulta previa es un proceso legal que busca asegurar que las comunidades indígenas y locales sean consultadas antes del inicio de proyectos que puedan afectar sus territorios. Esta herramienta, aunque fundamental para garantizar los derechos de las comunidades, ha sido identificada como un cuello de botella en el desarrollo minero debido a su duración y complejidad. Mucho ha destacado que el éxito de la consulta previa depende en gran medida de la relación que las empresas mineras establezcan con las comunidades aledañas.
Relación Empresa-Comunidad: Clave para la Consulta Previa
El ministro enfatizó que una relación sólida y transparente entre las empresas mineras y las comunidades es crucial para agilizar el proceso de consulta previa. La colaboración y el entendimiento mutuo pueden facilitar acuerdos más rápidos y efectivos, beneficiando tanto a las empresas como a las comunidades locales.
Reforma del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)
En otro tema, Rómulo Mucho abordó la situación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este registro, que fue creado con la intención de formalizar la pequeña minería y la minería artesanal (MAPE), ha experimentado distorsiones que han generado complicaciones en su implementación.
La Necesidad de una Nueva Ley MAPE
Para resolver estos problemas, Mucho propone la creación de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. El objetivo de esta ley es ofrecer un marco regulatorio más claro y efectivo que fomente la formalización de los mineros artesanales y pequeños mineros, integrándolos en la economía formal y reduciendo la minería ilegal.
Beneficios de una Ley MAPE efectiva
Una ley MAPE bien estructurada puede ofrecer múltiples beneficios:
- Formalización de Mineros: Integrar a los mineros informales en la economía formal, garantizando mejores condiciones laborales y acceso a servicios básicos.
- Reducción de la Minería Ilegal: Disminuir las actividades mineras ilegales que suelen estar asociadas con la deforestación y la contaminación ambiental.
- Sostenibilidad Ambiental: Promover prácticas mineras responsables que minimicen el impacto ambiental.
- Desarrollo Económico: Aumentar la contribución de la minería artesanal y de pequeña escala al desarrollo económico local y nacional.
Borrador de la nueva ley
El Ministerio de Energía y Minas ya ha elaborado un borrador de esta nueva ley, el cual está en proceso de enriquecimiento y mejora a través de consultas con diversas instituciones. Mucho confía en que el documento estará listo antes de fin de año para ser debatido en el Pleno del Congreso de la República.
Innovación y Sostenibilidad en la Minería
Además de la reforma legal, el sector minero en Perú está avanzando hacia la adopción de tecnologías innovadoras que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones mineras. Estas tecnologías no solo buscan optimizar la producción sino también reducir el impacto ambiental, alineándose con las tendencias globales de minería sostenible.
El sector de minería e hidrocarburos en Perú ha mostrado signos de crecimiento, registrando un aumento del 0.27% en febrero de 2023. Este crecimiento refleja el potencial del sector para contribuir significativamente al desarrollo económico del país, siempre y cuando se aborden los desafíos regulatorios y de sostenibilidad.