Luis Miguel Incháustegui Zevallos, ministro de Energía y Minas.
Entrevista con Luis Miguel Incháustegui Zevallos, titular del Ministerio de Energía y Minas. “Queremos implementar lo que dice la comisión Barrantes, que plantea que se construya la política minera en el espacio de Rimay”, asegura.
La conflictividad social viene acompañando ineludiblemente a los proyectos mineroenergéticos. Desde el Ejecutivo se apunta −en la gestión del ministro Incháustegui− a generar consensos y espacios de diálogo tripartitos. En tanto, el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas, u otra alternativa viable.
¿Cuáles son los principales temas a atender por su despacho a menos de un año que culmine este gobierno?
El Minem tiene como misión para todo el sector impulsar un círculo virtuoso del aprovechamiento sostenible de los recursos minero-energéticos con el objetivo de cerrar las brechas que existen alrededor del Perú y cercanas a los proyectos. Lo que vamos a promover es que los proyectos de las operaciones mineras logren su recuperación en la operación.
¿Qué proyectos se priorizarán?
Hay 19 proyectos mineros, de los cuales vamos a priorizar 9 por casi US$ 12 mil millones, de estos, cuatro se encuentran en la última etapa y representan US$ 8.375 millones, que son Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y la ampliación Santa María. A su vez, cinco proyectos están avanzando en permisos y financiamiento que representan US$ 3.386 millones, que son San Gabriel, Yanacocha Sulfuros, Corani, optimización de mina Inmaculada y el proyecto relaves Marcona. Estos se proyectan que van a iniciar en este y el próximo año. Situación del corredor minero.
¿Cómo están acompañando a las operaciones mineras existentes para que recuperen producción sin poner en riesgo la salud de los trabajadores a causa de la Covid-19?
Como ministerio, sabiendo que los que tienen que hacer este control es Sunafil con las empresas, estamos exhortando a las empresas mineras a que no solamente cumplan el protocolo sino que nos informen el número de casos que tienen durante su operación. Sabemos que no es un tema infalible pero lo que se busca es, una vez que se identifiquen estos casos, pueden no ser solamente que no ingresen a la mina sino que puedan ser atendidos y monitoreados.
En los últimos días ustedes publicaron varios dispositivos legales que, se señala, buscan optimizar los procesos mineros, sin embargo se advierte relajo ambiental como en el caso del silencio positivo administrativo en las exploraciones minera.
Nosotros como gobierno estamos promoviendo nuevas normas legales que ayuden a que el sector sea más competitivo pero sin perder en ningún momento el rigor en temas ambientales.
El tema específico, del silencio positivo administrativo, eso se venía estudiando de tiempo atrás y lo que se plantea es que el gobierno tenga un plazo para revisar los permisos y dar una opinión de determinar si es que ese permiso está siendo bien hecho, si es que necesita aclarar o si es que es improcedente. El silencio positivo administrativo se aplica cuando ese plazo se vence y, en ese sentido, nosotros como ministerio estamos planteando que ese plazo sí vamos a poder cumplir con revisar y dar nuestra opinión.
No sentimos que sea un relajamiento de las normas, por el contrario estamos haciendo un sinceramiento y no estamos reduciendo el rigor en lo que corresponde al tema ambiental por qué razón, porque como sector y como gobierno creemos que para que haya un buen desarrollo de la actividad extractiva tiene que haber un control estricto de los temas ambientales.
CORREDOR MINERO DEL SUR
¿Cuál es la situación en el corredor minero del sur?
En el caso de todo el corredor minero del sur, hay un esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno con la conformación de este alto comisionado para el diálogo y desarrollo. La idea es pasar de una situación de conflictividad a una situación de diálogo por el desarrollo. Se está conversando con las comunidades, con la empresa en el caso de Las Bambas, eso incluye a Hudbay y Antapacay, y se están haciendo reuniones periódicas para ver cómo definir bien esos temas. Hay compromisos que se asumió como gobierno en el 2018 y 2019 que se están programando su ejecución, y también hay compromisos de las empresas mineras que tienen que definirse su ejecución.
¿Se construirá un mineroducto en el caso de Las Bambas, y así destrabar la conflictividad en la zona?
El gobierno le ha propuesto (a la empresa) que evalúe cuál sería la mejor forma para hacer un transporte que genere menos conflictos. Se está evaluando entre un tren y un mineroducto. Creemos sinceramente que tiene que haber una solución alternativa, porque tener 300 camiones al día en este momento, y los proyectos mineros que hay en el entorno van a generar más camiones, es inviable así tengas una carretera que esté bien hecha, es insostenible. Creo que a nadie le gustaría que pasen más de 300 camiones al día, así la pista esté asfaltada. La empresa nos ha informado que están evaluando hacer un mineroducto o hacer un tren.
¿Cómo va la situación en Espinar?
Entendemos el pedido urgente de Espinar con respecto a que necesitan un apoyo frente a la pandemia. Allí se ha definido con la empresa esta tarjeta de uso múltiple y creemos que se debe implementar en un tiempo corto. Pero en paralelo creemos que debemos pensar no solo en el tema de la coyuntura, sino en el tema de desarrollo, por eso que vamos a seguir apoyando las conversaciones y reuniones que tiene en torno al convenio marco que ellos han suscrito anteriormente.
¿Se piensa en algo más de mediano o largo aliento para Espinar, como Obras por Impuestos tal vez?
Sí, claro que sí. Como gobierno estamos evaluando temas de electrificación rural, Obras por Impuestos, las empresas también están viendo temas de Obras por Impuestos. Es decir, tenemos que ver entre todos reducir las brechas que hay allí y para eso tenemos que articularnos con las empresas, con los alcaldes que tienen fondos que vienen del canon y regalías. Eso se tiene que usar correctamente, creo que allí podemos articular con las empresas y el Estado para dar asistencia técnica para que lo usen de la mejor forma.
Usted ha señalado que no forzarán los proyectos sin la aceptación social, y más bien generar condiciones para el diálogo social. ¿Qué plantean?
Lo que vamos a plantear es generar la articulación con las regiones y con los alcaldes. En el tiempo más corto posible lo que queremos generar son los comités de coordinación intersectorial que buscan articular entre ministerio, el gobierno regional y los alcaldes. Tener reuniones periódicas para ver qué temas son los que les preocupan a las comunidades y ver qué temas se puede articular con el Minem y otros sectores. Lo que se busca es no esperar que las comunidades y las autoridades locales sientan que hay temas que les preocupan y no los escuchan. Creemos que debemos ser proactivos y estar allí.
Creemos que el gran generador de los conflictos es la desconfianza que se genera en las zonas donde están los proyectos de exploración. Esa desconfianza se genera, lamentablemente, porque existe una situación que se ha dado mucho tiempo atrás, y se sigue dando, que los proyectos están en zonas muy alejadas en donde no hay la presencia del Estado. Frente a eso la comunidad y los alcaldes sienten que la empresa minera llega para impactar, para generar algo malo y si por ahí logran creer que es algo positivo, sienten entonces, que tienen que resolver todas sus necesidades y ahí lo que falta es justamente la presencia del Estado para generar un espacio multiactor que resuelvan esas necesidades entre todos los actores.
La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible que preside Roxana Barrantes hizo una serie de propuestas y recomendaciones, ¿algunas de ellas serán tomadas?
Estamos revisándolo al detalle, incluso queremos y estamos coordinando reuniones con Roxana Barrantes para que nos ayude, nos diga exactamente cómo es que trabajó la comisión. Realmente, como sector y como gobierno queremos implementar lo que dice la comisión en el corto plazo. La comisión plantea como punto inicial que se construya la política minera del sector en el espacio de Rimay. También promover exploraciones respetando el convenio 169 (de la OIT) y cumpliendo los estándares ambientales que plantea que la Consulta Previa y los acuerdos de las empresas con las comunidades se realicen en paralelo con la presencia del Estado.
¿Qué otras iniciativas se podrían tomar?
Se coordinará con el Ministerio de Cultura para culminar el registro de las comunidades originarias en un plazo óptimo. Adicionalmente, temas que como ministerio creemos que son cruciales: los pasivos ambientales. Revisar e identificar qué pasivos pueden ser reaprovechables y cuáles no, y buscar la creación de un fondo público-privado que haga factible la remediación de los pasivos en un tiempo óptimo.
¿Es posible que alguna de estas propuestas vayan en un proyecto de ley al Congreso?
Estamos evaluando la forma porque, de lo que recomiendan ellos, algunas normas pueden ser implementadas no necesariamente con ley, y hay otras que sí van a ser ley y, definitivamente, ese es el objetivo. Trabajarlos como una propuesta de norma legislativa, la que sea necesaria y presentarla al Congreso para su evaluación.
DOE RUN
La liquidación de Doe Run Perú tiene 10 años, tres presidentes, con usted 7 ministros y aún no se resuelve ¿El crédito laboral (trabajadores) verá la luz al final del túnel?
Necesitamos que se vea la luz al final del túnel, es una decisión que pasa por la junta de acreedores. Como Minem estamos conversando con el liquidador, con el sindicato y lo que estamos exhortando es que entre ellos puedan tener el mejor acuerdo posible que ayude a que los trabajadores puedan tener los beneficios que les falta recibir. También ver la posibilidad de vender o resolver de la mejor forma esta situación de la mina Cobriza y del complejo de La Oroya. Es un tema delicado, no solamente técnico sino social.
El crédito laboral les exhorta a que liberen el fideicomiso del PAMA, ¿Por qué eso no prospera?
Eso no es tan fácil de liberar, eso lo que justamente garantiza que la planta de La Oroya pueda ser cerrada correctamente, es una garantía ambiental. Se está revisando qué alternativas hay pero de acuerdo a las normas legales y de acuerdo al objetivo que tenemos como gobierno no queremos generar nuevos pasivos sino remediarlos.
NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS EN MARCHA
¿Van a relanzar la iniciativa para optimizar la ley de hidrocarburos?
Nosotros ya como sector eso se viene trabajando desde el 2018/2019, se presentó un primer proyecto, el Congreso hizo algunas observaciones y se han revisado y seguimos trabajando en tener un proyecto que va a ser presentado con la debida anticipación y escuchando a todos los actores una propuesta de Ley Orgánica de Hidrocarburos. Nuestro foco ahorita va a ser la masificación, continuar con la masificación del gas para todo el país. Allí vemos por ejemplo, estamos esperando con optimismo el resultado del proceso de las 7 regiones que para fines de setiembre se va a tener un resultado. Creemos que es una iniciativa interesante y también estamos viendo otras iniciativas que se puedan implementar en el corto plazo.
Hablando de masificación es posible que se vayan a arbitraje con Naturgy.
La situación de Naturgy es una situación que ahorita está en revisión por el Ministerio de Economía y nosotros. Ellos (Naturgy) han presentado un pedido para no continuar con el servicio. Están alegando que nosotros como gobierno no hemos cumplido con el contrato, en darles ciertas garantías para que puedan continuar con el servicio. Eso, en nuestra opinión, no es correcto. Estamos en un proceso ya de conversaciones y de resolución de esta controversia.
Lo que como gobierno podemos decir es: si al final la decisión de ellos es de no continuar, les podemos como gobierno, dar la garantía (a la población del sur) de que el servicio no se va a ver desabastecido.
¿Eso podría ser asumido por el Estado?
De acuerdo a los contratos suscritos en los años anteriores hay cláusulas que prevén esta situación lamentable cuando un inversionista se tiene que retirar o desea retirarse. Allí lo que se plantea es que inmediatamente hay una carta fianza que se toma y el Estado asume eso mediante un Decreto de Urgencia que se va a emitir. La masificación del gas es una política de estado, es un compromiso irrenunciable para el Gobierno, entonces allí con cargo
Para nosotros y eso está claro, ya lo hemos revisado, el servicio de gas no se va a ver afectado porque existen las condiciones para usar la carta fianza, para hacer un DU, incluso también se puede durante un tiempo hasta que se logra tener otra empresa que asuma esto, se puede como estado tomar el control de eso.
En el caso de Gasoducto Sur, Mott MacDonald está por presentar su cuarto informe, ¿cuál sería el destino del proyecto?
Justamente eso es lo que se está revisando con el informe que va a emitir Mott MacDonald, no podemos adelantar opinión ahorita pero confiamos en que se van a definir todas esas dudas. Este estudio lo que quiere determinar si es que el trazo, por ejemplo, si el que se determinó en el Gasoducto Sur es viable de usar o no. También va a determinar si es que hay un nivel de mercado suficiente para que el proyecto sea autosostenible o no y también ver un procedimiento para poder valorizar los tubos que hay, cómo pueden ser parte del proyecto o no. Todo eso como ya imagino debes saber, estamos a la espera de que este informe también se prevé lo tengamos en setiembre y que nos defina eso. Somos optimistas, creemos que puede salir algo interesante. Estamos esperando el informe pero claro, obviamente cuando lo tengamos lo vamos a comunicar a todos.
Fuente: La República