Juan Luis Kruger, CEO de Minsur.
En el Perú, la minería se desarrolla mayormente en las zonas más alejadas, donde hay poca o nula presencia del Estado, lo que hace que cuando un proyecto intenta instalarse se generen grandes expectativas en las comunidades aledañas que empiezan a pedirle de todo a la empresa y eso debe cambiar, dijo Juan Luis Kruger, gerente general de Minsur.
“Se tiene que trabajar en establecer roles claros y el rol que al menos yo veo para la minería es realmente el de ser un catalizador del desarrollo, el de ser un puente para el desarrollo”, afirmó.
“La minería no puede ni debe sustituir el rol del Estado. La minería tiene que asegurarse que se desarrolla de manera social y ambientalmente responsable, como lo venimos haciendo, no solo durante la explotación sino al final de la vida de la mina”, agregó.
Kruger dijo que es necesario que el Estado, las comunidades y las empresas trabajen en conjunto proyectos y programas de desarrollo social a largo plazo para lograr salir, según él, de esa “suerte de extorsión permanente” que existe actualmente sobre las compañías, que prioriza más bien el corto plazo y que ya es insostenible.
“En los últimos 20 años, Ancash ha recibido casi 10 mil millones de soles en canon minero; Cajamarca, casi 5 mil millones de soles. ¿Dónde se han invertido esos fondos? ¿Por qué no se ha generado impacto en el desarrollo que debió haberse generado? Creo que tenemos que realmente trabajar en articular un esquema en el cual este rol de catalizador de la minería y de articulador pueda potenciarse con el buen concurso de todos las partes involucradas”, dijo.
De otro lado, detalló que de los casi 51 mil millones de dólares de inversión prevista en el sector un 12 por ciento corresponde a proyectos que están en trabajos tempranos y en construcción, bloque que consideró que podría ser el principal motor de crecimiento del sector.
Dentro de este grupo hay proyectos grandes (Mina Justa, Quellaveco, Pampa del Pongo y Corani) que podrían entrar en construcción entre finales del próximo año y comienzos del 2019.
Kruger destacó además que hay otro bloque de proyectos que están elaborando sus estudios de factibilidad y que representan unos 7,500 millones, mientras que hay otros por casi 9,000 millones que están realizando estudios complementarios y de ingeniería ambiental.
“El viento está soplando hoy día a favor de la minería”, afirmó. Pero a nivel interno aún hay mucho por hacer, dijo.
Trabajo conjunto
Kruger destacó el trabajo conjunto que las empresas están realizando con el Ministerio de Energía y Minas para hacer que los procesos de aprobación, permisos y tramitología de un proyecto sean más eficientes.
“Ha habido un primer avance. Espero que eso pueda continuar en los próximos meses para podamos realmente tener un proceso mucho más simple y corto”, afirmó.
“El inversionista minero lo que necesita es obviamente tener un buen yacimiento, un buen proyecto técnica y económicamente viable, pero también un proceso en el cual la tramitología y permisología no generen incertidumbre”, dijo.
Actualmente hay 275 normas con regulaciones que afectan al sector minero cuando hace 7 años atrás eran 27. En los últimos 5 años, entre el 2011 y el 2016, se promulgaron 178 nuevas normas, o sea de las 265 vigentes en los últimos 5 años se promulgaron 178, informó.
Solo el 10 por ciento de los trámites dependen únicamente del ministerio y hay entre 13 y 15 otras instituciones con las que las firmas tienen que interactuar permanentemente.
“Hemos generado un Estado con temor a firmar documentos. Los funcionarios públicos generan distintas y diversas instancias de revisiones para protegerse, para compartir la responsabilidad de la firma. Entonces, crean procesos burocráticos, entrampados y que no fluyen”, dijo.
Sacar permisos para explorar demora hasta dos años y cuesta hasta 1 millón de soles por la cantidad de estudios que se tienen que realizar. En Canadá, el costo por metro perforado es de 200 dólares, enfatizó.
“Nosotros no estamos en contra de la aprobación de un permiso o de tener un nivel de exigencia altos, sino que estamos es en contra de procesos que son ineficientes”, sostuvo.
Ante la proximidad de las elecciones regionales, el ejecutivo estimó que generarán incertidumbre y consideró que el tema va más allá de un supuesto movimiento antiminero, sino de fuerzas políticas de izquierda radical que quieren imponer una tesis política alternativa deteniendo el crecimiento del país.
Fuente: Gestión