Nelson Shack, Contralor General de la República. (Foto: Andina)
Las movilizaciones y paralizaciones, debido a la creciente brecha social, tienen en vilo a nuestro país. Entre los departamentos que concentran el mayor nivel de descontento y convulsión social está Puno, donde el porcentaje de pobreza supera el 42%, aunque su presupuesto (sin contar Lima) es el séptimo más importante del país.
A pesar de ello, en los últimos cinco años, en Puno se han dejado de ejecutar 2,659 millones de soles en infraestructura pública y otras inversiones, por la ineficiencia y corrupción en el gobierno regional y municipalidades.
De acuerdo a las estimaciones de la Contraloría, Puno es la tercera región con mayor incidencia de perjuicio económico por actos de corrupción e inconducta funcional ocasionados en 2021. Las entidades del Gobierno Regional de Puno tienen, en promedio, el peor nivel de implementación del control interno en todo el país y las entidades del gobierno local, el tercer peor nivel.
Además, a la fecha se registran 286 obras públicas paralizadas por más de 1,226 millones de soles, principalmente de los sectores salud, vivienda y saneamiento.
En varias oportunidades, la Contraloría General ha identificado problemas en la ejecución del gasto público en esta región. A ello se suma que el hecho no es solo que no gasten, sino que incluso lo que se gastan no es eficiente.
Estos bajos niveles de desempeño repercuten directamente en el bienestar de los hogares puneños, donde siete de cada diez niños, menores a los 35 meses de edad, tienen anemia y un 49% de hogares no cuenta con servicios básicos, como agua, saneamiento, electricidad y telefonía.
Lamentablemente, esta situación estaría siendo utilizada por azuzadores que promueven la violencia y cuyos intereses políticos buscan subvertir el orden constitucional.
Solo así se puede entender que las demandas que se plantean son la negación de la sucesión presidencial ante el golpe de Estado perpetrado por el gobierno anterior, la renuncia de la presidenta, una Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso o el adelanto de elecciones.
Estas pretensiones sociales y políticas atentan contra el Estado constitucional democrático de derecho y nada tienen que ver con la mejora en la cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos que la población requiere.
El lograr la gobernabilidad implica avanzar en una serie de desafíos, tales como mejorar la rendición de cuentas, respetar irrestrictamente el Estado constitucional de derecho, promover la participación ciudadana, entre otros.
La solución a los problemas en Puno y en distintas regiones del país no solo implica el inmediato restablecimiento del orden público y la paz social, sino también la adoptación de profundas medidas en la gestión pública a corto y mediano plazo que permitan resolver progresivamente los problemas estructurales que la ciudadanía demanda.
Esto requiere la voluntad de la clase política para hacer los cambios legales, disponer de los recursos económicos necesarios y de la capacidad técnica e institucional de la administración pública para poder llevarlos a la práctica.
Fuente: Perú 21