Newmont, la minera de oro número 1 del mundo, ha aumentado sus inversiones previstas para su proyecto Yanacocha Sulfuros de 2.25 a 2.500 millones de dólares. Newmont se convirtió en la única propietaria de Yanacocha a principios de abril. Asimismo, indicó que una vez se tome una decisión formal sobre el proyecto, el desarrollo tardaría tres años.
Newmont había dicho que el proyecto de sulfuros es uno de los más importantes previstos en Perú para los próximos cinco años. Una vez terminado, añadiría 525.000 onzas de oro equivalente al año a la producción global de la empresa.
La primera fase se centrará en los yacimientos de Yanacocha Verde y Chaquicocha, lo que ampliará las operaciones actuales más allá de 2040. Las dos fases siguientes podrían añadir “varias décadas más” a la vida productiva de la mina, dijo la compañía al presentar sus resultados del primer trimestre la semana pasada.
“Llevamos 30 años en Perú. El proyecto de Sulfuros de Yanacocha nos posicionará en última instancia para estar en Perú durante al menos otros 30 o 40 años”, dijo el presidente ejecutivo Tom Palmer en una actualización de los inversores el año pasado.
La mina produjo en febrero 19.900 onzas de oro, con un total de 42.900 onzas en los dos primeros meses del año, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2021.
Protestas generalizadas
Desde el año pasado, Perú se ha visto afectado por una creciente ola de protestas que han paralizado varias operaciones en el país durante los últimos meses.
Yanacocha no se ha visto afectada este año, probablemente porque la mina ha aportado más de 1.000 millones de dólares en proyectos de responsabilidad social y medioambiental desde que inició sus operaciones en la década de 1990, según Newmont.
Alrededor de dos tercios de los ingresos de la mina se reinvierten en la economía local en forma de salarios, impuestos, bienes y servicios, ya que la operación emplea a 1.400 trabajadores directamente y apoya a otros 40.000 empleos peruanos. Dos tercios de los trabajadores de la mina son residentes de Cajamarca.
Desde que Pedro Castillo asumió el cargo en julio de 2021, el número de conflictos sociales ha aumentado alrededor de un 7%, según demuestran los datos oficiales. El empeoramiento de la situación ha profundizado la preocupación mundial en torno a un inminente déficit de cobre.
Según estimaciones del Grupo CRU, la industria del cobre necesita gastar más de 100.000 millones de dólares para cerrar lo que podría ser una escasez anual de 4,7 millones de toneladas para 2030.