Esto mediante un nuevo instrumento desarrollado por la OCDE
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Los ministros de economías de la OCDE y economías en desarrollo se comprometieron a redoblar esfuerzos para promover una conducta empresarial responsable, con el fin de impulsar un crecimiento económico más incluyente y sostenible.
En la Reunión Ministerial anual de la OCDE que se celebra esta semana en París, cuarenta y ocho países adoptaron y acordaron apoyar y vigilar la puesta en práctica de las OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Directrices de la OCDE de Diligencia Debida para una Conducta Empresarial Responsable). Los países de la OCDE, junto con Colombia y Lituania, que han sido invitados a unirse a la Organización, más Argentina, Brasil, Costa Rica, Egipto, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Perú, Rumania, Túnez y Ucrania, se adhirieron a este nuevo instrumento.
Las Directrices, la primera norma con respaldo gubernamental para la diligencia debida corporativa sobre conducta empresarial responsable que cubre todos los sectores de la economía, aborda una gama de riesgos en las operaciones empresariales y las cadenas de suministro, que incluyen derechos humanos, mano de obra, medio ambiente y corrupción.
“La comunidad empresarial tiene la responsabilidad de hacer negocios de una manera que tome en cuenta tanto los resultados finales como el impacto que sus actividades ejercen sobre la sociedad”, dijo el Secretario General de la OCDE Angel Gurría. “Estas directrices representan un punto trascendental para asegurar que los gobiernos y las empresas trabajen en conjunto para impulsar un crecimiento más incluyente y sostenible en todo el mundo mediante una conducta empresarial más responsable y la diligencia debida en las diversas cadenas de suministro.”
El respaldo gubernamental a las Directrices ayudará a apoyar un entendimiento internacional común, para desarrollar certidumbre e igualdad de condiciones para las empresas respecto de su responsabilidad de actuar con la diligencia debida y adoptar una conducta empresarial responsable.
La OCDE trabajará con los países adherentes para vigilar la implementación de estas directrices. Algunos países, como Francia, han promulgado leyes que establecen la obligación de las empresas de prevenir afectaciones a los derechos humanos en las cadenas de suministro mundiales; otros, como Alemania, se han comprometido a vigilar que las empresas instauren la diligencia debida como parte de sus planes de acción nacionales de negocios y derechos humanos.
Algunas medidas recomendables para las empresas son las siguientes: revisar y actualizar sus políticas corporativas relativas a temas como fuerza laboral, derechos humanos, transparencia y corrupción, y darlas a conocer; comunicarlas a los proveedores e incluir condiciones sobre conducta empresarial responsable en los contratos comerciales; identificar y prevenir los efectos negativos en sus operaciones y cadenas de suministro, e informar al público sobre sus acciones para resolver estos efectos.
La OCDE trabajó estrechamente con empresas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales en la elaboración de las directrices, las cuales parten de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de las Guías OCDE para las cadenas de suministro responsables de minerales, productos agrícolas y la confección y el calzado.