(Foto: Limay)
Odebrecht, la empresa que admitió actos de corrupción en el Perú según el Acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el Equipo Especial del Ministerio Público, tiene un as bajo la manga para recuperar sus inversiones en el frustrado proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La demanda arbitral -presentada ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) revela con mayor precisión las pretensiones de la empresa brasileña sobre este tema, La solicitud fue enviada el 21 de enero pasado, consta de 43 páginas y cuenta con la firma del estudio británico Clifford Chance LLP.
Tras la presentación del documento, la empresa espera la respuesta del CIADI en un proceso que puede tomar de dos a tres años, según especialistas consultados por Correo.
Para este proyecto gasífero, Odebrecht participó en consorcio junto a Enagás (España) y Graña y Montero (Perú).
Demandas
En concreto, la subsidiaria de la empresa, Odebrecht Latinvest S.A.R.L.,planteó al Perú hasta tres tipos de compensaciones en su demanda arbitral, de manera alternativa.
En primer lugar, exigió al Perú “reincorporar al demandante al statu quo y garantizarle el manejo y ejecución del proyecto GSP en los mismos términos y condiciones como antes de que ocurriera cualquier violación de sus obligaciones”.
Es decir, de acuerdo al documento, Odebrecht quiere retomar el proyecto gasífero, que en la actualidad tiene otro nombre: Sistema Integrado de Transporte de Gas al Sur (SIT Gas) y está próximo a ser materia de una nueva licitación pública.
Alternativas
El segundo planteamiento de Odebrecht Latinvest es que si no procede la adjudicación del proyecto, el Perú lo indemnice con el pago de 1,200 millones de dólares, un monto adicional a otros conceptos.
“(…) Una orden exigiendo al Perú a pagar por daños suficientes como para compensar las consecuencias de sus injustas acciones y omisiones en una suma que será determinada en el curso de estos procesos, para la cual el demandante estima en más de 1200 millones de dólares, más pre y posindemnización de intereses”, se lee en la demanda arbitral.
Pero Odebrecht va por más. Por ello, exige al Perú el pago de la totalidad de los costos en los que incurrió la empresa para los árbitros, los gastos legales, el de los abogados, los expertos y asesores a quienes tuvo que recurrir para la realización de esta demanda.
Detalles
Para la empresa brasileña, la resolución anticipada del contrato del GSP significó “una violación” al tratado bilateral de protección de inversión privada, suscrito entre Perú y Luxemburgo.
Cabe recordar que dicha resolución del contrato fue una decisión adoptada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en enero de 2017.
En la demanda arbitral, Odebrecht enumera hasta siete acciones del gobierno peruano “contra las inversiones del demandante en violación al Estándar de trato justo y equitativo”.
Entre ellas, “el fracaso para aprobar” la propuesta del GSP para obtener financiamiento de la obra (también llamada bancabilidad), “que frustró los esfuerzos de Odebrecht para vender sus dividendos en el proyecto GSP”.
También califican de incorrecta e ilegal la terminación del contrato “en violación de las disposiciones contractuales y la ley aplicable”.
De otro lado, califican el Decreto de Urgencia 003-2017 y la ley No. 30737 como arbitraria e ilegal por establecer “restricciones financieras onerosas y el congelamiento de los bienes y derechos de OLI LUX con respecto a sus inversiones”.
Asimismo, indican que se les ha impuesto una “arbitraria e irrazonable aplicación de una multa” de 92 mil dólares, entre otros reclamos.
Es importante señalar que esta demanda ha sido remitida al presidente de la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión, Ricardo Ampuero Llerena.
Improbable
Para Víctor Quijada, especialista en gestión pública, las probabilidades de que Odebrecht le gane al Estado peruano son pocas debido a su historial en procesos internacionales. “El antecedente en el Perú es de 17 arbitrajes y en 14 oportunidades ha ganado”, dijo.
En diálogo con Correo, argumentó que existe suficiente jurisprudencia internacional para que aquellos contratos que deriven de la corrupción no sean avalados.
“Desde el punto de vista de la doctrina, hay algo llamado ‘manos limpias’, que expresa que los miembros de un tribunal arbitral no se manchan con corrupción”, afirmó.
En la misma línea, Carlos Paitán, experto en arbitrajes, destaca que en el CIADI han existido casos relacionados a corrupción. “Normalmente han sido rechazados. A veces los Estados no tienen colaboración eficaz, reconocimiento de culpabilidad en varios proyectos y la discusión se centra en eso”, sostuvo.
De igual modo, el exprocurador anticorrupción César Azabache opinó que una forma de que la demanda sea neutralizada es a través de un reconocimiento de que existieron actos de corrupción para obtener la buena pro de ese proyecto.
“Si Odebrecht hiciera esa declaración, entonces la demanda quedaría neutralizada”, acotó.
En esa línea, recordó que el fiscal coordinador del Equipo Especial “Lava Jato”, Rafael Vela, está esperando respuesta de una carta enviada al abogado de la constructora en Lima, Ricardo Machado Weyll, a fin de que precisen alguna responsabilidad de corrupción en el proyecto Gasoducto, en el marco del Acuerdo de colaboración.
Cabe destacar que Odebrecht solo ha reconocido una programación de pagos no contabilizados, pero no ha detallado que se trate de sobornos.
En RPP, Azabache afirmó que otra opción es que la Procuraduría podría denunciar ante la jueza que aprobó el Acuerdo de colaboración con Odebrecht, María Álvarez Camacho, que Odebrecht no ha sido transparente.
Fuente: Correo