A partir de agosto se restablece el pago de multas ambientales para contribuir a la reactivación de la economía con un contenido ambiental y climáticamente responsable.
El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, señaló que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reiniciará la exigibilidad del pago de multas aplicadas por las infracciones a la legislación y a los compromisos ambientales establecidos en los instrumentos de gestión ambiental. Esta disposición se realiza al haberse vencido el plazo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 0007-2021-CD/OEFA, emitida en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1500, que suspendió el pago de multas ambientales.
Esta disposición fue anunciada por el presidente Pedro Castillo en su Mensaje a la Nación en el marco de la asunción del mando presidencial de “Eliminar las trabas que impiden el cobro de las infracciones ambientales y crear instrumentos estratégicos para la gestión moderna de los recursos ambientales como el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y el de Metales Pesados, Metaloides y Sustancias Químicas Tóxicas, entre otros”.
Es importante tener en cuenta que el Decreto Legislativo N° 1500, que autorizó al OEFA a regular el procedimiento de fraccionamiento y aplazamiento de las multas impuestas, se dictó en el contexto de la crisis sanitaria y para que las empresas puedan orientar sus recursos y esfuerzos en la ejecución de los proyectos de inversión. Bajo ese marco, el OEFA aprobó el respectivo procedimiento con Resolución de Consejo Directivo N° 0007-2021-CD/OEFA.
De otro lado, resulta pertinente señalar que los recursos recaudados por el OEFA, como consecuencia de las multas impuestas, son destinados para financiar las actividades de fiscalización ambiental que permitirán garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, en el marco de lo establecido en la Ley N° 29325.
Finalmente, debe destacarse que el sector Ambiente impulsa las mejores prácticas ambientales para garantizar el bienestar de las personas y de los sectores más vulnerables, bajo un enfoque preventivo, siendo los mecanismos de control y sanción ambiental necesarios para asegurar el cumplimiento de los principios de responsabilidad ambiental y de internalización de costos. Todo ello para contribuir al tránsito del país hacia una economía baja en carbono, así como para contribuir a la reactivación de la economía con un contenido ambiental y climáticamente responsable.