Tessy Torres, presidenta del OEFA
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indica que aún está pendiente el establecimiento de los límites máximos permisibles para la fiscalización que forma parte de la agenda del Ministerio del Ambiente.
Muchos conflictos ambientales ¿Cómo ha avanzado la OEFA para hacerle frente con el proceso de fiscalización ambiental?
Entramos en setiembre del 2016, en ese momento percibimos que había una entidad cuya función principal tiene en el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Encontramos muchos conflictos, derivados de las actividades que era responsabilidad de la OEFA, en la que había un impacto ambiental, que la población atribuía a las actividades extractivas en las zonas altoandinas. Nuestra tarea ha sido determinar si esa percepción era real y si es que lo fuera, actuar inmediatamente para corregir la conducta. Eso implicó un ordenamiento en el proceso en la OEFA.
¿En qué ha consistido esos cambios?
Lo que se ha evidenciado es que en zonas donde hay actividad minera, el mineral no está solo en la mina, sino en el valle, por la mineralización de la zona.
En este proceso de identificación a la OEFA le corresponde poner el control adecuado. Resolver estos casos llevaban 250 días, que en días calendario podría llegar hasta 4 años. Ahora estamos siendo muy cautelosos para manejarlo entre 45 y 50 días para dar una respuesta.
¿Pero los conflictos siguen?
No hay ningún espacio de conflicto en el que no hemos mostrado resultado y acciones concretas. Como OEFA vamos a seguir con el control efectivo, que se cumplan las condiciones ambientales y el Estado tiene que actuar, respecto a las condiciones sociales.
Las regulaciones ambientales no son similares en todos los sectores…
Hay regulaciones de protección ambiental distintas en cada sector, no todos tienen el mismo estándar. Por ejemplo, en las empresas de servicio de saneamiento hay unas normas que le permite hacer las descargas sin tratamiento en el mismo río, que puede ser afectado por una actividad minera. Hasta que no logremos superar todas las causas que están contribuyendo a la afectación ambiental, no vamos a solucionar los problemas.
¿Esa estandarización está en camino?, al menos en el agua…
Esperamos que se dote a las EPS, desde el sector vivienda, para que se logre dar el tratamiento de las descargas, y evitar este impacto que estamos habilitando legalmente. Para ello tiene plazo de ocho años
También tenemos que trabajar en el fortalecimiento de las otras autoridades de fiscalización ambiental, y fundamentalmente recoger la información de la situación ambiental previa a las actividades. Tenemos que hacer diagnósticos, que nos sirve para los ajustes regulatorios, pero también para la nueva regulación que existe.
¿Hay temas pendientes en los LMP para agua, aire y demás?
El Ministerio del Ambiente tiene agenda pendiente sobre el establecimiento de los límites máximos permisibles (LMP) que deben ser aprobados para diferentes actividades. Mientras no haya estas regulaciones no podemos hablar de parte de la OEFA y los demás fiscalizadores de una actuación que logre la protección ambiental.
En tanto pase ello, ¿Qué pueden ir avanzando en su supervisión y fiscalización ambiental?
Lo fundamental en lo ambiental son las redes de monitoreo, y lo que nos dirá como actuar, en las redes de monitoreo de agua y aire. Hemos inaugurado las centrales de monitoreo en tiempo real. Ya tenemos 10 equipos de monitoreo en tiempo real, y tenemos proyectado instalar más equipos. La estación de La Oroya que pasó a ser en tiempo real, y otras que se instalan a pedido de la población, como pasó en Las Bambas.
¿La OEFA está trabajando en alguna propuesta para acelerar la fiscalización en las empresas y que no demore tanto?
Definitivamente la etapa clave es la certificación ambiental, que es muy compleja y traslada muchos costos a los administrados, porque ellos tienen que construir por años la línea base para desarrollar el instrumento de gestión ambiental, que es la foto de ese momento. Lo que estamos viendo es obtener información que sirva para la construcción de la línea base, si la certificadora ambiental obtiene del fiscalizador la información, el administrado ya no tendría que hacerlo ni generar los gastos para la línea base.
¿Y en el manejo de la información que deben reportar las empresas?
Estamos revisando los instrumentos de gestión ambiental, vemos que son tomos de tomos, y en algunos de esos espacios se encuentra la obligación ambiental. Ello, como está en papel, no ayuda a la empresa hacer el seguimiento ni al fiscalizador, ya que algunos tienen modificación en el tiempo. Por ello, en la OEFA estamos construyendo una matriz para que toda la información de las obligaciones, lo que se tiene que reportar a la OEFA, será un sistema que de alertas y reportes al administrado. El instrumento que es ad hoc para la operación es la base de las obligaciones ambientales.
¿Cuándo estará la matriz?
Estamos empezando con las obligaciones de monitoreo. El piloto que se inicia con el monitoreo que cada empresa hace, olvidándonos del papel y desde ahí extraer la información. La idea es que esas estaciones que ellas tengan se incorporen a la red. El proyecto piloto para monitoreo ambiental online se inicia en las mineras, y luego para otras industrias o actividades económicas. Sí hay una oportunidad de mejora en la industria.
Transportes a manos de la OEFA
La OEFA ha ido incorporando sectores adicionales a su competencia para la supervisión y fiscalización ambiental, y la próxima en incorporarse a su seno es el sector transportes para esta segunda mitad del año.
Solo falta que el sector (en este caso el MTC) emita la norma para que paso a paso avance en la incorporación, como son transporte terrestre, puertos, aeropuertos y demás.
Tessy Torres explica que, como se ha dado en otros sectores, el proceso será primero de una fiscalización de información y progresivamente velarán por el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Para el 2022 y 2023 tienen previsto sumar al sector comunicaciones, el de vivienda, construcción y saneamiento, según el calendario previsto.
Para ello, indica que primero el Senace tiene a su cargo el proceso de certificación ambiental, y luego entra OEFA.
Tessy Torres indicó que hasta el momento tienen a los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesca, manufactura, en el que incluyen a industria y comercio. A ello se suma el sector agricultura.
Fuente: Gestión