Elmer Cuba, socio de Macroconsult

  • Elmer Cuba, socio de Macroconsult, advierte que el reto es acelerar trámites y evitar que la minería informal siga ganando terreno.

Durante su participación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el economista Elmer Cuba proyectó que once proyectos mineros podrían estar en operación hacia 2028, con una inversión total estimada en alrededor de US$8,000 millones.

Se tratan de Reposición Antamina (Áncash), Corani (Puno), Reposición Raura (Huánuco), Reposición Tantahuatay (Cajamarca), Chalcobamba Fase I (Apurímac), Trapiche (Apurímac), Pampa de Pongo (Arequipa), Romina (Lima), Tía María (Arequipa), Zafranal (Arequipa) y Ampliación Huancapetí (Áncash).

Según el socio de Macroconsult, estas iniciativas —que incluyen ampliaciones de operaciones existentes y nuevos desarrollos— serían clave para sostener el crecimiento de la producción cuprífera y aurífera del país, así como para garantizar el flujo de ingresos fiscales y divisas en los próximos años.

“Estamos en condiciones de atraer a los mejores operadores mineros del mundo, pero necesitamos resolver la tramitomanía que frena la ejecución de proyectos. El Perú no puede darse el lujo de autoimponerse trabas en su sector más competitivo”, enfatizó.

Minería clave

Cuba recordó que la minería aporta el 40% de la recaudación del impuesto a la renta empresarial, el 63% de las exportaciones y alrededor del 16% del PBI. “Es imposible entender la estabilidad macroeconómica del Perú sin considerar el rol de la minería”, sostuvo en el IIMP.

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No obstante, advirtió que el país enfrenta riesgos que podrían comprometer las proyecciones, especialmente el avance de la minería ilegal. En el caso del oro, estimó que la mitad de las exportaciones provienen de fuentes informales, equivalentes a unos US$10.000 millones en 2025, lo que implica un serio problema fiscal y ambiental.

En un contexto de precios internacionales elevados y demanda global creciente por el cobre debido a la transición energética, Cuba insistió en que el país debe priorizar un marco regulatorio ágil y predecible para no perder competitividad frente a otros productores como Chile y Australia.