- Premier Adrianzén destacó el éxito de los 50 operativos realizados por las fuerzas del orden, del 1 al 23 de setiembre, en diversas regiones del país.
Como parte de la decisión política del Gobierno de combatir la minería ilegal en todo el territorio nacional, los efectivos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo, del 1 al 23 de setiembre de este año, 50 operativos que permitieron realizar la interdicción de materiales e insumos valorizados en conjunto en S/43 262 221.
“El éxito de estos operativos demuestran la efectividad del trabajo articulado contra la minería ilegal, y reafirman la convicción de continuar luchando hasta erradicarla del país. Instamos a más actores del Estado y de la sociedad civil a sumarse a este esfuerzo”, indicó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Los operativos contaron con la participación de efectivos del Ejército del Perú, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), y la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, así como con presencia de representantes de las fiscalías especializadas en Medioambiente. La mayor parte de las interdicciones se desarrolló en las regiones de Madre de Dios y La Libertad. También hubo operativos en Amazonas, Piura, Tacna, Ucayali, Cajamarca, Huánuco, Loreto y Junín,
Entre los bienes incautados figuran retroexcavadoras, bombas de succión, balsas, motores, galones de petróleo y dinamita, entre otros objetos que eran destinados a esta actividad ilícita.
Cabe recordar que, en línea con estos esfuerzos, para fines de setiembre se culminará de elaborar la actualización de la estrategia nacional de interdicción, la cual es elaborada por la Comisión Multisectorial para la Formalización Minera, la Erradicación de la Minería Ilegal y la Recuperación del Ambiente, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Esta estrategia dotará de un enfoque integral a la lucha contra la minería ilegal, porque, además de los operativos de interdicción, impulsará la formalización de la minería; el desarrollo de economías alternativas; la trazabilidad de los insumos que se emplean en esta actividad ilícita; el fortalecimiento institucional de las fiscalías y las direcciones regionales de Energía y Minas; la bancarización, y un mayor control de las actividades de comercialización y exportación.