El director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, advierte sobre la penetración de la minería ilegal en los más altos estamentos del Estado. En cada contexto electoral parece que este flagelo tiene más promotores.
¿Le preocupa la presencia de representantes de la minería ilegal en el Congreso?
Por supuesto. Estamos sumamente preocupados por lo que viene sucediendo; ya es corroborable que la minería ilegal ha venido penetrando el mundo político, colocando congresistas y personas que representan sus intereses. Y no solamente se ve en el Parlamento, también por su estrecha relación con gobiernos regionales y alcaldías.
Hay ejemplos claros, como el del legislador Alexander Lozano (UPP), quien pretendió promover la minería aurífera aluvial en la Amazonía.
Tuvo que retirar ese proyecto nefasto que hubiera legalizado la minería aluvial, una actividad prohibida en este momento. Vemos que desde el Congreso se les da facilidades a los mineros informales para que mantengan sus ilegales trabajos a pesar de que afectan negativamente el medio ambiente. Los mineros ilegales vienen usando de manera indiscriminada el mercurio para extraer minerales.
La congresista Yessica Apaza, también de UPP, ahora plantea sancionar severamente a empresas por faltas administrativas. ¿Se le da más espacio así la minería ilegal?
Definitivamente. La minería responsable se adhiere a los más altos estándares en materia ambiental y de seguridad. Es una minería que genera empleos y que paga impuestos. Pero hay otra minería que es informal, ilegal, que depreda, contamina, que tiene nexos con otras actividades ilícitas y no tienen ningún tipo de supervisión pública.
¿Esa minería paralela es igual de rentable?
Actualmente hay entre 400 y 500 mil mineros informales que generan más de 3 mil millones de dólares, pero no son supervisados. Es importante no perder de vista dónde debemos desarrollar los esfuerzos de cara a los desafíos que enfrentamos.
Fuente: Perú 21