Pablo de la Flor (Foto: Andina)
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuestionó que exista poca claridad en los lineamientos de política económica del Gobierno.
¿Cómo evalúa la actuación del Gobierno respecto al tema del gas de Camisea?
Esta es una instancia más de descoordinaciones, marchas y contramarchas, y mensajes contradictorios que emanan del Ejecutivo. Lo digo a la luz de las afirmaciones del presidente y la invocación que hizo a los empresarios nacionales e internacionales durante su viaje a EE.UU. para que invirtieran en el Perú con todas las garantías y seguridades del caso. Evidentemente el mensaje del premier va a contrapelo de todo lo afirmado.
¿El Gobierno debería aclarar si la nacionalización sigue vigente?
Es fundamental que el presidente mismo rompa este mutismo característico para que despeje estas dudas que ha sembrado el mensaje del premier, que ha sido muy enfático en su amenaza que no guarda relación con el ordenamiento jurídico del país. El Art. 60 de la Constitución es clara sobre las circunstancias en que se pueden llevar a cabo nacionalizaciones, solo con ley expresa del Congreso y en circunstancias extraordinarias y excepcionales.
Hay todo un proceso legal que se debe cumplir…
Son loables los intentos de traducción de parte de otros de sus colegas, pero es fundamental que el presidente se pronuncie y tengamos mayor claridad de este Gobierno sobre los lineamientos en materia política económica. Es inconcebible que se pretenda trazar la marcha de políticas sectoriales en un tema tan fundamental, como el gas, a través de un mensaje de 140 caracteres. (..) Resulta lamentable que este tema no haya sido comunicado directamente por el ministro de Energía y Minas.
¿Qué pagos ya realiza Camisea al Gobierno?
Camisea tiene una carga fiscal, cuando consideramos las regalías, Impuesto a la Renta y otros aportes que está en el orden del 65% de las utilidades. No es una carga menor, no se entiende, en consecuencia, qué es lo que pretende renegociar el Gobierno. De otra parte se ha hablado mucho de la masificación del gas. La masificación del gas no es una responsabilidad del consorcio Camisea, es una responsabilidad del Estado y para eso necesitamos políticas públicas bien diseñadas. Este tema no se resuelve a través de una renegociación de las regalías, no tiene nada que ver un tema con el otro.
¿Qué puede renegociar el Estado en este contrato?
Todo resulta sumamente confuso porque el premier tampoco ha sido muy específico, más allá de señalar que se pretende aparentemente obtener una regalía más alta. Sin embargo, la comunicación que se le cursó a la empresa hace una referencia explícita y directa a la discusión que el Gobierno desea tener sobre la masificación del gas. Un tema, reitero, que no tiene nada que ver con el otro.
¿Cuál sería el costo para el país la nacionalización del consorcio?
Diría que hay dos dimensiones de impacto. Una respecto del consorcio que gatillaría la denuncia de los afectados frente a los tribunales internacionales, en este caso ante el Ciadi, que con toda seguridad perdería el Estado peruano. Igualmente importante son las otras consecuencias sistémicas respecto de las pérdidas de confianza de inversión privada en el clima de negocios en el Perú. Esperemos que no se llegue a este extremo.
Fuente: Correo