El Gobierno de Panamá planteó a la empresa Minera Panamá, de la canadiense First Quantum Mineral (FQM) y que explota una gran mina de cobre en el país, una regalía de entre el 12 % y el 16 %, muy por encima del 2 % previsto en el contrato de concesión declarado inconstitucional en el 2018.
El Gobierno panameño inició el pasado 1 de septiembre unas negociaciones con Minera Panamá para un nuevo contrato de la mina a cielo abierto, una de las más grandes de Latinoamérica, en las que el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo se puso como principal meta elevar las regalías.
“El contrato actual tiene una regalía del 2 % sobre ventas (…) hemos querido pasar a un sistema de regalías que vaya en virtud de las ganancias de la empresa y (…) por tanto se planteó una estructura del 12 % al 16 % de regalías en base a las ganancias brutas”, dijo este jueves el ministro de Comercio e Industria (MICI), Ramón Martínez.
La propuesta del Gobierno panameño a Minera Panamá, que tiene hasta el próximo lunes para responder, incluye además que la empresa pague un impuesto sobre la renta (ISLR) con tasa del 25 %, algo de lo que hasta ahora ha estado eximida.
“El ISLR que hasta el día de hoy la empresa Minera Panamá no paga, la propuesta es que este impuesto del 25 % tenga que ser pagado por la empresa, así también las retenciones de pagos que hace la empresa por intereses, dividendos y pagos de servicios al exterior”, detalló Martínez.
Se trata de una “propuesta muy sencilla” que le debe dar a Panamá “con el precio actual del cobre, una cifra (anual) superior a los 400 millones de dólares”.
“Sin embargo y para garantizar que en el trayecto o en la vida de este contrato el Estado panameño reciba un monto mínimo garantizado, se ha pedido a la empresa que debe realizar una contribución fiscal mínima de 375 millones de dólares cada año. La única excepción es si el precio del cobre se desploma a menos de 2,75 dólares la libra”, agregó Martínez.
Estos montos representarían para el país “más de 10 veces el promedio anual (de dinero) recibido entre 2019 y 2021” de manos de la minera, dijo el MICI en un comunicado.
Ubicada en el distrito de Donoso, provincia caribeña de Colón, la mina Cobre Panamá, propiedad de Minera Panamá, es la “inversión privada más grande del país”, con unos 6.700 millones de dólares, ha destacado el MICI.
Sus operaciones aportan un 3,5 % al producto interno bruto (PIB) y benefician a alrededor de 39.000 familias panameñas a través de empleos directos e indirectos, según la información oficial.
La negociación entre el Gobierno y la empresa comenzaron tres años después de que el Supremo declaró inconstitucional una ley de 1997 que avaló la concesión, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá.
El fallo dio respuesta a un recurso presentado por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.
La negociación se ha desarrollado mientras un movimiento ambientalista ha planteado una propuesta ley para una moratoria indefinida a la minería, al tiempo que el Ejecutivo impulsa un diálogo sobre la actividad, a la que considera un motor formidable para la recuperación económica tras el duro golpe de la pandemia.
Fuente: EFE