ProActivo | Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dijo que el gobierno ha culminado la formulación de la nueva estrategia para la reducción e interdicción de la minería ilegal tanto aluvial como filoniana y pronto se emitirá el Decreto Supremo.
“Es una tarea realizada en el seno de un equipo de trabajo multisectorial, participaron 18 instituciones y el producto final es esta estrategia que parte con un diagnóstico muy claro, muy detallado de lo que es la minería ilegal en el Perú y propone una serie de actividades en las que están comprometidas diversas instituciones. Es cuestión de días para que sea aprobado y por Decreto Supremo va a ser vinculante para todas las instituciones comprometidas en las diferentes actividades que contempla la estrategia”, dijo en entrevista con ProActivo.
García subrayó la importancia de entender la minería ilegal como un fenómeno multifacético intrínsecamente ligado a cuestiones políticas, como la calidad de autoridades que el pueblo elige, tales como los legisladores o gobernadores regionales.
“Desde el punto de vista económico, sabemos que en el 2023, el Perú ha producido formalmente 100 toneladas de oro, pero SUNAT nos dice que hemos exportado 175 toneladas. Al precio de hoy, eso representa alrededor de 30.000 millones de soles. El Instituto Peruano de Economía nos dice, con un valor promedio del oro, es alrededor de 27.000 millones de soles lo que está moviendo como economía ilegal, en esta actividad,”, comentó.
El comisionado también sostuvo que la solución no radica en reducir la producción, sino en cerrar la brecha entre la minería formal e informal, de esta manera la formalización se erige como clave para esta lucha; sin embargo, el REINFO es una traba. “Solamente hemos logrado formalizar en ocho años de REINFO, al 2.4% de los inscritos. De más de 84.000 inscritos apenas hay algo más de 2.100 formalizados. Definitivamente no ha funcionado”.
Estrategia
La nueva estrategia contempla una mirada integral y multisectorial al problema, que no es solo de la minería ilegal en sí. “Es un problema político, económico, social, y de seguridad. Entonces, probablemente muchas de las acciones para combatir la minería ilegal adecuadamente tienen que ver con la formalización. Allá hay una línea de acción muy importante y eso tiene que ver por ejemplo con el proyecto de Ley MAPE que esperamos salga dentro de poco tiempo”.
Otra línea de acción importante, precisó, es la recuperación del medio ambiente, pero con economías alternativas. “Si nosotros necesitamos erradicar la minería ilegal de algún sitio tenemos que ver a qué actividad económica se dedicarán esas familias, esas personas. Probablemente la mejor actividad o la mejor alternativa sea precisamente la economía formal, que cumpla con los requisitos, con la protección del medio ambiente, que cumpla con los protocolos y normas de seguridad y salud en el trabajo para los empleados que trabajan allí”, manifestó.
“Si logramos formalizar a la mayoría de mineros, vamos a tener cada vez menos minería ilegal, pero ese tiene que ser un proceso simplificado. La Ley MAPE, el proyecto que se presentó, tenía varias ventajas al respecto. Probablemente se pueda mejorar inclusive, pero sí tiene varias ventajas en relación a lo que había anteriormente”, indicó.
El Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la PCM precisó que sí se puede hacer un mejor control de los explosivos por SUCAMEC, pero se requiere también de la intervención de otras entidades como las Direcciones Regionales de Minería y Energía. “Es un tema muy delicado”, anotó. Con respecto a los combustibles, dijo que el asunto es mucho más complejo para su control, porque detrás existe el tema social.
Dijo que si bien el control de los explosivos y del combustible probablemente sean las “actividades principales”, hay muchas otras cosas más que hacer y entidades como la SUNAT deben involucrarse.
Confianza en que en seis meses se promulgue la Ley MAPE. El funcionario, detalló que la ley aprobada por el Congreso de la República en diciembre de 2024 da una extensión de seis meses con la posibilidad de que el Ejecutivo amplíe con Decreto Supremo por seis meses más. “Confío que en estos seis meses la Ley MAPE sea aprobada en el Congreso y tenga los mecanismos para apoyar en la formalización. Sin embargo, es posible que el proceso de formalización sea más largo, hablamos de miles de mineros que deben formalizarse, o sea no es una labor sencilla ni que se pueda realizar en un periodo de tiempo corto. Ahí tenemos que tener las normas que nos permitan ir poco a poco formalizando. Probablemente una de las cosas que estamos proponiendo es tal vez formalizar, enfocarnos en algunas regiones más que otras. En aquellos lugares donde la situación sea más delicada, es más importante intervenir primero”, declaró.
El Alto Comisionado informó que hay una serie de alternativas en evaluación y que deberá ponerse en práctica, sin dejar lo que se ha venido haciendo desde hace tiempo que es la interdicción, aunque no es la solución al problema. “La interdicción baja la fiebre, pero no cura la enfermedad; sin embargo, la tenemos que seguir haciendo”, expresó.
En el año 2024 las fuerzas del orden y la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente han llevado a cabo 745 operativos de interdicción. Eso representa más de 2.240 millones de soles en material interdicto, excluido e incautado. No es poco, pero tenemos que pensar en una solución sostenible y ahí hay que buscar el marco legal, cambiar las normas, las condiciones actuales.
Por último, el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal adelantó la creación de una unidad especial de inteligencia para este tipo de delitos. Remarcó que contra el crimen organizado el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, las fiscalías tienen un papel muy importante, no solo la Fiscalía de Medio Ambiente, o de Lavado de Activos.
