El gobierno del Perú denunció la existencia de minería ilegal en el sector del proyecto de oro Conga, que lleva más de diez años detenido, y alertó que la falta de minería legal en áreas con alto potencial permite que actividades ilegales contaminen el medio ambiente y causen violencia social. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, lo indicó así, al hablar sobre los retos que el país enfrenta para captar inversiones responsables en un escenario de competencia regional creciente.
El premier remarcó que el proyecto Tía María constituye actualmente una iniciativa emblemática para el Gobierno, no solo por su impacto económico, sino porque representa una señal clara a favor de la inversión minera formal. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo busca evitar que se repita lo ocurrido con Conga, donde un proyecto con permisos ambientales terminó detenido por la oposición social y hoy enfrenta la incursión de mineros ilegales. “Cuando la minería legal, la que cumple estándares, no se desarrolla, se deja el espacio a la minería ilegal, que contamina y ejerce violencia social y física”, afirmó.
El proyecto Minas Conga, ubicado en la región Cajamarca y de propiedad de Newmont Corp., está valorado en aproximadamente US$ 4.800 millones. Su desarrollo se detuvo poco después de obtener los permisos medioambientales en 2010, tras una fuerte oposición de sectores agrícolas que derivó en protestas violentas. Pese a ello, la empresa mantiene los derechos mineros sobre el yacimiento. Según Álvarez, parte de esta área viene siendo explotada de manera informal por excavadores ilegales, atraídos por los altos precios del oro y la falta de control efectivo en zonas rurales empobrecidas.
El jefe del gabinete advirtió que la minería ilegal no solo representa una pérdida económica para el Estado, sino que tiene consecuencias ambientales graves. Señaló que los ríos que nacen en la zona de Conga estarían siendo contaminados con mercurio, insumo utilizado por los mineros ilegales para la extracción de oro. “Es una situación macabra”, expresó, al recordar que en su momento se argumentó que el proyecto no debía ejecutarse para proteger la agricultura y los recursos hídricos.
El caso de Conga no es un caso único. La presencia de mineros ilegales en sus concesiones es otra preocupación que han tenido otras empresas mineras globales que trabajan en Perú, como Southern Perú, First Quantum Minerals y MMG; el retraso en las inversiones y el aumento del riesgo operacional son consecuencias de este fenómeno. Este fenómeno se ha agudizado en un ambiente donde los precios del oro están próximos a sus máximos históricos.
Simultáneamente, el gobierno se enfrenta a críticas por la gestión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un instrumento que permite a los mineros informales operar con requisitos provisionales. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se opone de manera rotunda a la expansión, pues considera que esta fomenta actividades ilegales y desincentiva la inversión formal. En cambio, el Ejecutivo está a favor.
Finalmente, Álvarez subrayó que, a diferencia de lo ocurrido en Conga, las comunidades cercanas a Tía María ya han expresado su disposición a otorgar licencia social y se han pronunciado a favor del proyecto en los procesos de consulta previa. Para el Ejecutivo, avanzar con minería formal, con altos estándares ambientales y sociales, es clave para evitar que la ilegalidad siga ganando terreno en el país.