La Presidencia del Consejo de Ministros expresó hoy en un comunicado su absoluto e irrestricto respeto a los derechos fundamentales, al marco constitucional y legal vigente y a la libertad de empresa, en un contexto de estabilidad y seguridad jurídica, basado en el principio de predictibilidad, para las inversiones privadas (pequeñas, medianas y grandes), y de mejora al entorno social y ambiental.
En ese marco, y en relación a los últimos sucesos, descartó el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras, que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes.
Las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente. Las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo con la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia establecidos por ley.
Los planes de cierre (progresivo, final, y post cierre) y sus modificaciones, presentados por las empresas y aprobados por las autoridades competentes se gestionan y controlan por el Estado de acuerdo con la normativa vigente de forma que el cese de actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible.
Protesta social y violencia
El Ejecutivo reiteró su rechazo a la violencia en todas sus formas, venga de donde venga; sin embargo afirma reconocer el legítimo derecho a la protesta social.
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