La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ha reafirmado su compromiso con el Shock Desregulatorio impulsado por el Ejecutivo. Esta estrategia, promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca transformar el aparato estatal en una estructura más eficiente, moderna y promotora del desarrollo económico. Uno de los pilares clave de este esfuerzo es la continua identificación y eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad impuestas por diversas entidades públicas.
Según datos oficiales, la eliminación de 186 barreras burocráticas declaradas ilegales o irracionales por el Indecopi forma parte de las 402 medidas comprendidas en la primera etapa del Shock Desregulatorio. Estas acciones tienen como propósito fundamental reducir las cargas innecesarias impuestas a ciudadanos y empresas, mejorando así el clima de negocios y fomentando una mayor competitividad en el país.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, subrayó la importancia de este proceso para dinamizar la economía y promover un entorno propicio para la inversión. “El Gobierno nacional tiene el compromiso de facilitar el desarrollo económico y promover la inversión. En ese marco, eliminar barreras burocráticas permite que la economía se dinamice con mayor rapidez y genera productividad, lo cual favorece a la ciudadanía en general. Emprendedores y empresarios peruanos se ven directamente beneficiados”, afirmó.
Impacto económico y resultados concretos
El informe titulado “Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas 2023”, difundido por el Indecopi, reveló que la eliminación de estos obstáculos significó un ahorro superior a 117 millones de soles para la economía nacional en dicho año. Este significativo impacto positivo demuestra el valor tangible de las reformas emprendidas.
Además, el estudio reveló que el 91 % de las barreras fueron eliminadas de manera voluntaria por las entidades públicas involucradas, en un esfuerzo por evitar sanciones o denuncias. Esta cifra evidencia una creciente conciencia institucional sobre la importancia de simplificar procedimientos y eliminar requisitos innecesarios que solo generan trabas al desarrollo.
Las principales barreras identificadas estaban relacionadas con pedidos innecesarios de documentos en universidades, exigencias en colegios profesionales, restricciones a la tercerización laboral, autorizaciones para servicios de delivery y trámites excesivos para licencias de funcionamiento. Tanto los ministerios como las municipalidades provinciales y distritales concentraban la mayoría de los costos asociados a este tipo de obstáculos administrativos.
Municipalidades en la mira
En esa línea, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que el Gobierno se encuentra diseñando un esquema de incentivos para municipalidades que decidan sumarse al Shock Desregulatorio, eliminando voluntariamente las barreras burocráticas en sus jurisdicciones. “Las barreras obstaculizan el desarrollo de actividades económicas y dificultan los procedimientos administrativos”, enfatizó Gustavo Adrianzén.
El rol de los gobiernos locales es clave en este proceso. A menudo, son estas instituciones las que imponen las condiciones más engorrosas para el funcionamiento de negocios, la obtención de licencias o la realización de trámites esenciales para emprendedores y ciudadanos. Por ello, se busca una participación activa de las municipalidades en este esfuerzo por hacer del Perú un país más competitivo.
Ciudadanía como aliada del cambio
Un aspecto fundamental del proceso de desregulación es la posibilidad de que cualquier ciudadano denuncie gratuitamente la existencia de barreras burocráticas ilegales a través del portal de Indecopi. Esta herramienta empodera a la población y promueve una cultura de fiscalización desde la sociedad civil, permitiendo que el Estado actúe con mayor eficacia y rapidez frente a prácticas administrativas que afectan el desarrollo económico y social del país.
El Indecopi ha confirmado que continuará actualizando su estudio de impacto económico con datos del año 2024, lo cual permitirá evaluar la evolución del proceso y definir nuevas metas de desregulación. Esta actualización constante es vital para mantener la efectividad de las políticas públicas y garantizar que los esfuerzos no se diluyan con el tiempo.
Un Estado promotor, moderno y competitivo
El Shock Desregulatorio no solo representa una respuesta inmediata a las trabas burocráticas, sino que forma parte de una visión más amplia de transformación del Estado peruano. Se busca construir una administración pública moderna, promotora, eficiente y, sobre todo, orientada al ciudadano.
Este proceso requiere el compromiso y la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, así como entre el sector público y privado. Solo así será posible consolidar una estructura regulatoria que promueva la formalización de actividades, la atracción de inversiones y el crecimiento sostenible.
En palabras del titular de la PCM: “Eliminar requisitos y cobros ilegales o carentes de razonabilidad favorecerá la productividad y la calidad institucional, reducirá el costo de regulaciones, disminuirá la informalidad y aumentará la competitividad”.
Proyecciones hacia el futuro
De cara a los próximos meses, el Ejecutivo prevé una segunda etapa del Shock Desregulatorio, que incluiría la eliminación de nuevas barreras, la digitalización de trámites y la estandarización de procedimientos administrativos en todo el país. También se evalúan alianzas estratégicas con gremios empresariales y asociaciones civiles, a fin de fortalecer el alcance y sostenibilidad de estas reformas.
Este proceso de simplificación regulatoria no solo busca responder a las demandas del sector empresarial, sino también aliviar la carga que enfrentan millones de ciudadanos en su relación cotidiana con el Estado. La reducción de trámites innecesarios, la eliminación de duplicidades y la mejora en la atención de servicios públicos contribuirán a recuperar la confianza en las instituciones.