Una reciente encuesta de Datum Internacional para el Centro Wiñaq confirma una contundente percepción ciudadana: más del 70 % de los peruanos cree que la minería ilegal influye negativamente en las decisiones del Congreso y que sus legisladores están vinculados económicamente con este sector informal.
El 73.8 % de los encuestados considera que la minería ilegal tiene una influencia negativa en el Congreso. De ellos, el 50.9 % cree que es negativa y el 22.9 % la califica como muy negativa. Solo un 5.2 % afirma que no existe tal influencia, y un 15.1 % considera que es positiva.
Asimismo, el 70.2 % de los peruanos cree que los congresistas reciben dinero de la minería ilegal, lo que explicaría decisiones como la ampliación de los plazos de regularización para mineros informales. En contraste, apenas un 22.5 % considera que esas leyes se aprueban por preocupación por los pequeños mineros.
Minería ilegal
La ciudadanía también vincula esta actividad con el aumento de la criminalidad. El 67.9 % de los encuestados señala que la minería ilegal está relacionada con el crimen, ya sea a nivel nacional (48.2 %) o local (19.7 %). Solo un 8 % cree que no tiene ningún efecto en la seguridad.
Una minoría (10.2 %) piensa que la minería ilegal reduce el crimen al generar empleo, aunque esta percepción es marginal. Además, el 13.9 % no está seguro del impacto que tiene esta actividad sobre la violencia.
Rechazo a decisiones legislativas y percepción ambiental
Los peruanos también desaprueban las medidas aprobadas en el Congreso en favor de los mineros informales. La mayoría interpreta estas decisiones como el resultado de intereses económicos y no del interés público, reforzando la desconfianza en el Parlamento.
En cuanto al impacto ambiental, el 65.8 % considera que la minería informal contamina y fomenta la violencia, mientras que solo un 16.9 % la ve como una fuente legítima de empleo con bajo impacto ambiental.
Mayoría votaría contra la minería informal en 2026
De cara a las elecciones generales de 2026, el 54.6 % de los ciudadanos señaló que votaría por un candidato que imponga restricciones a las actividades mineras informales. Esta intención de voto refleja un rechazo contundente a la expansión descontrolada de esta actividad.
El respaldo ciudadano a medidas más estrictas coincide con los reportes de contaminación en la Amazonía y el aumento del crimen en zonas afectadas por la minería ilegal.
