Elsa Galarza, ministra del Ambiente.
La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, sostuvo que los estudios de impacto ambiental (EIA) para los grandes proyectos de inversión ahora se aprueban en solo 6 meses, cuando antes se demora hasta tres años para su aceptación.
Galarza señaló que el Estado busca generar valor en los recursos naturales y que al mismo tiempo se beneficie a los pobladores de las zonas de influencia de la actividad extractiva.
– ¿Cuánta receptividad observa en la industria minera para tratar los temas ambientales?
– El tema ambiental es un tema que no se puede dejar de tocar si queremos inversiones sostenibles. Muchas de las empresas mineras y de hidrocarburos de nivel global incorporan el tema ambiental como parte del trabajo permanente de las mismas compañías, porque ahora el enfoque de responsabilidad social empresarial incluye el tema ambiental.
Además, el cumplimiento de las regulaciones ambientales, no solo locales, sino también del país de origen de estas empresas, les da un mandato de trabajo de este tipo, pues hoy en día el mercado tiene consumidores que exigen mucho respeto al medio ambiente.
– ¿Debemos seguir la tendencia?
– La tendencia mundial avanza a que el tema ambiental no sea un apéndice de lo que debemos cumplir, sino que es parte de un nuevo tipo de empresa y de empresarios, algo que el presidente (Pedro Pablo Kuczynski) también quiere con las inversiones sostenibles y responsables socialmente, pues se busca que sean inversiones de largo plazo que permitan el crecimiento y el desarrollo del país.
– Las medidas aplicadas por su gestión, como nuevos estándares de calidad ambiental y la simplificación administrativa, ¿Cómo contribuirán a un mayor dinamismo de las inversiones?
– Hemos entrado con un enfoque que mira los tres aspectos del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental, pero eso implica encontrar un adecuado balance de esos componentes, porque uno solo no genera bienestar.
Ese enfoque apunta a generar valor en los recursos naturales y que beneficie a los pobladores de las zonas de influencia de la actividad extractiva, por eso toda la dinámica de las políticas públicas tiene que basarse en evidencia científica y técnica, además de darse una buena comunicación con los actores y trabajar de una manera articulada, algo que estamos haciendo desde el Ejecutivo.
– ¿Así se trabajó la modificación de los estándares de calidad ambiental?
– En el caso de los estándares de calidad de agua y aire que sacamos hasta ahora, a los que se sumarán la próxima semana los de suelo y sitios contaminados, buscamos base científica y técnica para el establecimiento de los estándares con un enfoque de gradualidad, porque debemos reconocer que no podemos ser Suiza en un día, entonces tenemos que hacer educación ambiental para los ciudadanos y las empresas, de tal manera que se entienda que el cumplimiento de la normativa ambiental los hará más competitivos.
Por eso estamos trabajando para que la legislación sea mucho más clara, transparente y simple, porque antes para evaluar un estándar de aire teníamos que mirar cuatro normas, pero hoy solo vemos una donde está todo articulado y con respaldo técnico.
– ¿Cómo podría mejorarse el sistema de evaluación de impacto ambiental?
– Estamos trabajando una modificación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque hay varias cosas que precisar, pues la normativa existía pero no habían los elementos, criterios y lineamientos para que se puedan aplicar en los estudios de impacto ambiental (EIA) detallados que están en los sectores, y eso ahora lo estamos haciendo, porque no queremos que la normativa esté en papel, sino que se aplique.
– ¿Pero la idea también sería recortar los tiempos para agilizar los proyectos?
– Los estudios de impacto ambiental de proyectos de gran envergadura están a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), que está reduciendo los tiempos, pues ya no tenemos los EIA enciclopédicos, sino que ahora son más analíticos y van a lo prioritario.
Para lo cual la Ventanilla Única de Certificación Ambiental está funcionando muy bien, pues ha reducido los tiempos a seis meses para tener las aprobaciones, cuando antes se demoraban dos o tres años, porque actualmente se tienen plataformas digitales que permite trabajar articuladamente con otros sectores.
– ¿Qué más se viene en su sector?
– En el Ministerio del Ambiente estamos trabajando las actualizaciones de los límites máximos permisibles para plantas de agua potable y consumo humano directo y antes de fin de año se estarán emitiendo, lo que permitirá fiscalizar la calidad de agua y aire que se quiere para la población.
Asimismo, en la normativa que el Gobierno sacará sobre estándares de calidad de suelos se está incorporando un nuevo parámetro como el mercurio, que se relaciona mucho con la actividad minera, por eso estamos trabajando con el sector en nuevas tecnologías que permitan un menor uso de mercurio y tener una minería de oro limpio.
Falta definición de cabecera de cuenca
La ministra Elsa Galarza señaló que la norma (Ley 30640) que modifica la Ley de Recursos Hídricos, presentada por el Frente Amplio en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, a la que se sumó otra de Fuerza Popular, no define el término de cabecera de cuenca.
“Esa norma modifica un artículo de la Ley de recursos hídricos, señalando que se debe hacer una adecuada definición de lo que es cabecera de cuenca, estableciéndose criterios técnicos para ello”, explicó.
Galarza aclaró que la determinación de que las cabeceras de cuenca son ecosistemas sensibles y que pueden ser declarados intangibles ya existía en la norma, pero no estaba definido que era una cabecera de cuenca.
“Para eso se tiene 365 días (contados a partir del 26 agosto del 2017) y lo tiene que trabajar la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con los sectores competentes que están vinculados en la cuenca, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Agricultura, entre otros”, agregó.
Fuente: Andina