Perupetro inició coordinaciones con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, respecto al tratamiento de los activos que Petroperú mantiene en el Lote Z-69.
Estas acciones responden a las medidas extraordinarias establecidas en dicha norma, las cuales están orientadas a la reorganización patrimonial de Petroperú y a garantizar la continuidad de la cadena de producción de hidrocarburos.
La información que se viene recopilando y evaluando resulta indispensable para su incorporación en las bases del próximo proceso de convocatoria del Lote Z-69, con el objetivo de asegurar que los inversionistas interesados cuenten con datos claros, completos y transparentes sobre las condiciones técnicas, legales y económicas del proceso.
El Contrato de Licencia Temporal para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69, suscrito con Petroperú, vence el 15 de mayo de 2026, por lo que el cronograma de acciones cobra especial relevancia para evitar interrupciones en la operación.
En esa línea, Perupetro ha venido coordinando de manera diligente y anticipada con ProInversión y Petroperú el cierre de la evaluación de los activos vinculados al lote, con el propósito de agilizar el proceso de contratación, asegurar la selección oportuna de un nuevo operador y preservar la continuidad operativa del Lote Z-69.
Ubicación y producción del Lote Z-69
El Lote Z-69 se ubica en el zócalo continental, frente a la costa de las provincias de Talara, Paita y Sechura, en el departamento de Piura, al noroeste del Perú, una zona estratégica para la producción offshore de hidrocarburos.
A diciembre de 2025, el lote registró una producción fiscalizada promedio de 3,022 barriles diarios de petróleo (bdp) y 8.5 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural, provenientes de pozos ubicados en plataformas marinas y de pozos dirigidos perforados desde tierra, lo que evidencia su relevancia dentro de la matriz energética nacional.
Rol de Perupetro
Perupetro es una empresa estatal de derecho privado encargada de la administración de los recursos de hidrocarburos del país, promoviendo su aprovechamiento sostenible y eficiente en beneficio del desarrollo nacional, así como la atracción de inversión privada bajo criterios de transparencia y competitividad.