Foto: Andina
Pese a que lo había negado en un principio, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, reconoció su cercanía al abogado de Alan García, Moisés Tambini del Valle. Aunque rechazó una falta de transparencia en sus funciones debido a ello, algunos congresistas han exigido su renuncia y a este pedido se ha sumado el Instituto de Defensa Legal (IDL).
El organismo señaló, en un comunicado, que esta vinculación de Príncipe con una persona cercana a Alan García “son de una particular gravedad”, por lo que amerita tomar decisiones urgentes sobre su permanencia en el cargo.
IDL explica que, ante la complejidad de las investigaciones del caso Lava Jato, las instancias del Estado, entre ellos la Procuraduría, deben evitar la influencia política de los personajes que están y que deben ser sometidos a las investigaciones de carácter criminal. Cabe precisar que García Pérez fue incluido en calidad de testigo en el caso del Gasoducto del Sur y su gobierno (2006-2011) es investigado por presunto cobro de coimas.
“Hasta la fecha la intervención de la Procuraduría anticorrupción en las investigaciones del caso Lava Jato se ha mostrado errática y sin la presencia que esta instancia tuvo en este tipo de investigaciones en el pasado”, señala en un comunicado.
Instituto de Defensa Legal crítica, por ejemplo, las declaraciones que brindó Príncipe en un programa de televisión. Recordó que la nueva procuradora Katherine Ampuero estaba evaluando la incorporación de Alan García como investigado, pero “increíblemente fue rápidamente contradicho públicamente por su jefa, la abogada Príncipe”.
IDL señala que Príncipe Trujillo dejó de lado su condición de abogada del Estado al señalar en un programa de TV que ella no encontraba indicios que vinculen a García con el caso Lava Jato. “Este hecho no solo significa una clara desautorización a la procuradora ad hoc, sino una evidente injerencia que rompe la independencia de la Procuraduría”, agrega.
Fuente: La República