(Foto GEC)
El Ejecutivo, a través de la Comisión Multisectorial encargada de renegociar el gas de Camisea, plantea que la construcción del nuevo gasoducto para masificar el gas, teniendo como base el uso de los bienes de la antigua concesión, se inicie a mediados de 2023. Sin embargo, especialistas explican que no se debe continuar un proyecto que está en un proceso penal.
Pedro Gamio, exviceministro de Energía, calificó de error insistir en continuar una obra cuyos activos no son propiedad del Estado y que tienen una gran controversia de naturaleza penal.
“No se sabe con certeza cuándo se definirá la suerte de esos activos y no se debe poner en riesgo la masificación del gas natural que hoy es una prioridad”.
Para Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), es clara la prioridad de llevar gas natural al sur, que es donde se encuentra el yacimiento de Camisea y, para que se concrete, se necesita una inversión en infraestructura de ductos porque es la forma de transportar gas de manera más barata y eficiente.
Sin embargo, en el informe no se ha adjuntado la propuesta de cómo gestionar el tema del gasoducto en términos de si se mantendrá el trazado original o habrá ramificaciones.
“Instamos al Gobierno a que la información se haga pública y a tener un debate público invitando a todos los actores: colegios profesionales, universidades, sector privado y especialistas”, señaló.
SOLUCIONES
Gamio propone extender el gasoducto que existe en Ica y que tiene la capacidad necesaria para abastecer al mercado del sur peruano. Así también, hacer un tendido de un gasoducto no mayor de veinte pulgadas, financiado con los propios recursos del canon del Cusco, para que puedan tener gas natural y se extienda un ramal por esa zona.
“Ambas soluciones son más económicas y viables que continuar con el proyecto que se encuentra en un proceso penal”, añadió.
Sobre esto último, Cantuarias señaló que aún no se tiene certeza de la complejidad legal en la que se encuentran los ductos que quieren utilizar.
“Además, si bien el Gobierno gasta varios millones de soles al año en mantener esos ductos, no sabemos si están en buenas condiciones”, añadió el experto.
Gamio aseguró que las autoridades conocen la situación legal de la concesión y el país necesita decisiones importantes y reales.
Para el exviceministro, si no aceleramos la masificación con el gas natural, para beneficiar a hogares, transporte y su uso en la industria, estamos exponiendo a la economía nacional y familiar a pasar lo que ocurre hoy en Europa, Norteamérica y Asia, que tienen un fuerte impacto en los costos de la energía tanto en transporte como en el mercado eléctrico.
“El Perú tiene cómo defenderse y nos está faltando pasos firmes y decisiones lúcidas al respecto”, anotó.
Datos
-Gamio estima que el precio del derivado de petróleo será cada vez más caro, con riesgo a que pueda llegar a US$100 el barril y afectar la canasta familiar.
-Anotó también que debemos aprovechar la ventaja de contar con gas natural, pero pensar también en el mercado de energías renovables no convencionales.
Fuente: Perú 21