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La Fiscalía de Chile abrió una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, uno de los políticos que aparece en los Pandora Papers sobre movimientos de recursos financieros en paraísos fiscales, por el caso de la venta del proyecto minero Dominga.
“El Fiscal Nacional ha tomado esta decisión atendido que los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”, informó la directora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers exponen las presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal.
Piñera calificó de “inaceptables” las acusaciones expuestas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que difundió los documentos a través de varios medios.
En declaraciones el mandatario subrayó que los detalles del acuerdo de 2010 fueron parte de una investigación judicial previa que finalmente no encontró faltas a la legislación.
El presidente aludía con esto a la investigación del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia en 2017, cuando la Fiscalía recomendó terminar la causa “por la inexistencia de delito (…) y la falta de participación del presidente”.
Sin embargo, la fiscal anticorrupción aclaró este viernes que la indagatoria penal analizará en específico la operación sobre Minera Dominga, ya que no fue el objeto principal de la investigación anterior.
“La opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del cuarto juzgado de garantía del año 2017”, destacó Herrera.
La funcionaria añadió que el análisis deberá determinar si los hechos están prescritos y no existe un lapso estipulado para completar el análisis.
“Creemos que evidentemente es una investigación que debe tener plazos muy acotados”, dijo Herrera.
Legisladores opositores están buscando impulsar un juicio político contra Piñera señalando que su gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto.
¿Qué es el proyecto Dominga?
La compraventa del polémico proyecto minero Dominga viene generando controversia en Chile desde hace años por su cercanía al archipiélago Humboldt (un conjunto de ocho islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo).
Además de la creación de una mina de tajo abierto, el plan incluye la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar la escasa agua dulce de la zona, según Andes Iron, la empresa responsable.
El proyecto prevé producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 de cobre durante los 22 años de operación. Su construcción empleará a 10.000 personas y, una vez en marcha, el complejo creará 1.450 puestos de trabajo directos.
Si bien la iniciativa es apoyada por algunas comunidades de la zona debido a la alta creación de empleos, también genera una enorme polémica.
Esto, pues a solo 30 kilómetros de su puerto y de la planta desalinizadora, está la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, un área ecológica en la que habita el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt, una especie en peligro de extinción.
A ellos se suman ballenas y chungungos (especie de nutria) que viven en el área.
¿Por qué se señala a Piñera específicamente?
Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto Dominga hasta 2010, cuando el político llevaba 9 meses en el poder en su primera presidencia.
Ese año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones.
Parte de esa operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.
Según las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas.
El pago de la última cuota, por un valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina.
El detalle, indica LaBot, es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera.
A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones.
Por su parte, el presidente chileno aseguró que la venta de la minera la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado “precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses”.
El dinero de la venta, agregó, “fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre y se cumplió estrictamente con las reglas tributarias en Chile”.
“Como presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés y, de hecho, el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios”, afirmó el gobernante, que en marzo concluirá su segundo mandato no consecutivo (2018-2022).
Fuente: BBC