El lunes 16 de octubre junta de acreedores la corporación Castrovirreyna rematará 48 concesiones mineras.
El Cuarto Juzgado Civil Comercial de Lima que despacha la jueza Ana Prado Castañeda-, declaró improcedente la medida cautelar planteada por minera Santa Inés y Morococha S.A. del Grupo Marsano – Santa Inés, que solicitaba la suspensión de la subasta de los activos de la corporación minera Castrovirreyna
La citada subasta fue convocada por la Junta de Acreedores en el marco de un procedimiento concursal ordinario de liquidación ante el Instituto de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual (Indecopi).
En la sentencia, la jueza Prado sostuvo que “la Ley General del Sistema Concursal prohíbe expresamente solicitar medidas cautelares que interfieran en un procedimiento concursal”.
El proceso concursal de la corporación Castrovirreyna ante Indecopi se inició hace dos años y Santa Inés planteó su solicitud de medida cautelar hace dos meses.
En su demanda, Santa Inés sostiene “que firmó un contrato con la empresa Castrovirreyna Compañía Minera S.A., por el cual le cedió una serie de concesiones mineras y bienes por un plazo de 30 años”.
Sin embargo, el tribunal sostuvo que “este contrato ya se había resuelto” hace cinco meses y que Santa Inés recibió las concesiones que le correspondían.
En la resolución, se aprecia que Santa Inés reclama otras concesiones que en realidad no son propiedad de Castrovirreyna Compañía Minera S.A., sino de la corporación, que es una persona jurídica distinta.
El lunes 16 de octubre la junta de acreedores de la corporación rematará 48 concesiones mineras.
INSCRITAS
La jueza Prado señaló que las 48 concesiones adicionales que reclama Santa Inés están inscritas como propiedad de la corporación Castrovirreyna ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.
Fuente: Expreso