Por: Humberto Martínez Aponte, Socio del Estudio Rosselló
Este fin de semana se han enviado mensajes muy negativos para la libertad de empresa. La presidenta del Consejo de Ministros en Ayacucho, frente a la población, ha asegurado que se cerrarían cuatro operaciones mineras y que el pueblo organizado vigilaría que ello se cumpla. Esto en el contexto de “dialogar” con la población luego que ésta atacara estos centros mineros, incendiando uno y obligando a desocupar otro, violencia inaceptable que el gobierno no descalifica sino que dirige a “mesas de diálogo”. No puede haber dialogo sobre la base de la violencia como método de coacción.
La premier ha sostenido equivocadamente que como estas empresas cuentan con Planes de Cierre que se cumplen entre 2021 y 2023, se les va a fiscalizar para que cumplan con cerrar en esas oportunidades, y que no se les va a autorizar ampliar el tiempo de explotación. Tratando de “interpretar” lo dicho por la premier, el viceministro de Minas ha señalado que las empresas pueden solicitar variar su Plan de Cierre y que el Ministerio del Ambiente evaluará el pedido; desinformando nuevamente a la ciudadanía. El plazo del Plan de Cierre es el que el titular del proyecto minero propone, en función de los recursos mineros con los que cuenta a una fecha, siendo actualizable conforme se van encontrando más recursos mineros explotables; pero no es función del Ministerio del Ambiente, sino del Ministerio de Energía y Minas su aprobación.
Los Planes de Cierre de Minas son instrumentos de gestión ambiental complementarios y obligatorios para iniciar la actividad minera de explotación, en los cuales se diseñan las medidas para estabilizar física y químicamente el área intervenida por la minería, y restaurar la vegetación allí donde sea posible, al término de la vida útil de la mina. Además, el titular del proyecto debe entregar anualmente una garantía que se va incrementando, para asegurar que aún en caso de una quiebra empresarial, existirán los recursos y la ingeniería para ejecutar el Plan de Cierre de Minas. El objetivo de esta regulación es no volver a tener pasivos mineros de minas que se agotan y son abandonadas, como ocurría el siglo pasado.
Las autoridades están desinformando a la población, haciendo pensar que una mina debe cerrar necesariamente si el plazo del Plan de Cierre ha vencido, nada más equivocado. El plazo del Plan de Cierre se estima en función a las reservas conocidas en esa fecha, lo que varía con el tiempo y el titular de la operación minera tiene el derecho de actualizar dicho plazo. Las concesiones mineras se otorgan por tiempo indefinido, mientras sigan en producción, y la autorización de inicio de explotación se tramita una sola vez y es válida para toda la vida útil de la mina, es decir, mientras exista mineral. Como actividad muy regulada, cuando se modifica la operación minera, se tramitan previamente las autorizaciones respectivas, sin que esto signifique que lo ya autorizado tenga un plazo de caducidad. Para mayor claridad, la certificación ambiental (Estudio de Impacto Ambiental detallado) que aprueba el SENACE no tiene plazo de caducidad si la mina entra en operación, debiendo solicitarse ante el mismo SENACE la actualización para los cambios que sean requeridos con el tiempo.
El peligroso y malicioso sendero que está recorriendo esta administración, es hacerle creer a la población que las protestas violentas (que constituyen delitos) pueden cerrar las minas (y en el futuro otras actividades) con las que sus dirigencias políticas no estén de acuerdo, e incorporarlas como fuerza de choque contra la libre actividad empresarial.
Considero que lo ocurrido en el caso de estas cuatro minas en Ayacucho, que ha involucrado ya no a los ministros “termocéfalos” que buscan agudizar las contradicciones sociales dentro de un plan político, sino que la ha dirigido nada menos que la mismísima Premier a quien teníamos por una persona democrática y respetuosa de la ley, debe alertar a quienes nos mantenemos apegados a un Estado de Derecho y esperamos el desarrollo de todos los peruanos en el marco de una economía social de mercado, que garantice las libertades de sus ciudadanos y de la economía.
Fuente: Gestión