Roberto Rojas Oviedo
Ante las constantes denuncias de contaminación ambiental atribuidas a las actividades extractivas la Gerencia Regional de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente prepara una propuesta de Ordenanza Regional que fiscalizará los impactos por explotación de materias primas.
El gerente regional de Recursos Naturales, Roberto Rojas, explicó que se trata de un instrumento para “monitorear y sancionar” a las empresas que infrinjan las normas medio ambientales o generen perjuicio a la vida de las poblaciones de los territorios donde operan.
“Queremos sancionar a los contaminadores. Hay varios casos en la región”, expresó Rojas al puntualizar problemas en Espinar donde se denunció presencia de metales pesados en la población. También los derrames de gas en comunidades del Bajo Urubamba (La Convención), la excesiva presencia minera en la provincia de Chumbivilcas, la depredación de recursos en Camanti (Quispicanchi), entre otros.
El funcionario mencionó que dicha ordenanza será acompañada de una iniciativa legislativa que les permita, por lo menos, acompañar los monitoreos ambientales a cargo de entes del Ejecutivo. “No podemos dejar al Gobierno Central solo en esta tarea. Ellos son juez y parte en la gran minería, ellos otorgan las concesiones y al mismo tiempo fiscalizan”, puntualizó.
Al respecto, el especialista medioambiental de Desarrollo, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Diego Saavedra, señaló que los gobiernos regionales tienen la competencia de fiscalizar, monitorear y emitir informes sobre los perjuicios ambientales que se puedan generar en su jurisdicción; sin embargo, no tienen competencia para sancionar, situación que solo sería modificada con una nueva ley.
“Es positivo que el gobierno regional empiece a cumplir sus funciones de fiscalización, pues hasta la fecha no lo han hecho, pero hablar de sanciones ya implica modificaciones de ley”, explicó Saavedra.
Respecto a la gran minería, sostuvo que los gobiernos regionales tienen el derecho de exigir los informes oficiales de monitoreos ambientales a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).
La clave
Hay una iniciativa legislativa de la congresista Verónika Mendoza que busca que los monitoreos ambientales comunitarios o locales sean validados para informes oficiales del Estado. El argumento de la propuesta es que la población de la zona conoce mejor su realidad, por ello, deben ser tomados en cuenta. Muchas organizaciones trabajan informes de contaminación, pero son desestimados por el Ejecutivo Nacional a través de sus instancias de fiscalización.
La República