Pleno del Congreso

  • Delegan facultades al Ejecutivo para legislar en materia de reactivación económica, seguridad ciudadana y otros

El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 7752, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano Delgado (FP), precisó que se recogieron los aportes de los congresistas Diego Bazán Calderón (RP), Carlos Alva Rojas (AP), José Jerí Oré (SP), Heidy Juárez Calle (PP), José Cueto Aservi (HyD), Jorge Marticorena (PB), Kira Alcarraz Agüero (SP),  Francis Paredes Castro (PP), Roberto Chiabra León (APP), Isaac Mita Alanoca (PL), y Auristela Obando Morgan (FP).

TEXTO APROBADO

El artículo 1 del texto aprobado señala que «la presente ley tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, par el plazo de noventa días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, dentro de los alcances de lo dispuesto por los artículos 101 y 104 de la Constitución Política del Perú y de los artículos 5, 72, 76 y 90 del Reglamento del Congreso de la Republica, y comprende las materias desarrolladas en el articulo 2».

Compartimos el texto presentado por la Comisión de Constitución y Reglamento: VER

DEBATE

Al inicio, se aprobó, con 76 votos, el punto 2.1 del artículo 2, referido al fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos, con excepción del punto 2.1.32.

Luego, con 75 votos a favor, se aprobó el punto 2.2 del artículo 2, referido a la mejora de la calidad de la inversión pública.

Asimismo, con 74 votos a favor, la representación nacional aprobó el punto 2.3 del artículo 2, referido al fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.

Posteriormente, con 77 votos a favor, se aprobó, en primera votación el punto 2.4 del artículo 2, referido a la reducción de costos de transacción.

Del mismo modo, con 75 votos a favor, se aprobó el punto 2.5 del artículo 2, referido al acceso y competencia en servicios financieros.

Más adelante, con 77 votos se aprobó el punto 2.6 del artículo 2, referido al equilibrio fiscal.

Luego, con 69 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el punto 2.7 del artículo 2, referido a materia tributaria.

En otro momento, con 70 votos a favor, se aprobó el punto 2.8 del artículo 2, referido a la política criminologica y penitenciaria.

También, con 79 votos a favor, se aprobó el punto 2.9 del artículo 2, referido al desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.

Con 81 votos a favor, se aprobó el punto 2.10 del artículo 2, referido a seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.

Por último, con 76 votos a favor, la representación nacional aprobó, en primera votación, el articulo 1 y las disposiciones complementarias finales del texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 7752, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

El dictamen no fue exonerado del trámite de segundo votación. Obtuvo 74 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones.

«En consecuencia, al no haber superado los 3/5 del número legal de congresistas, el proyecto de ley aprobado será materia de seguda votación transcurridos 7 días calendarios», señaló el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.

Materias autorizadas

1. Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos.

En esta materia, el Ejecutivo podrá emitir normas en  35 temas, entre los cuales se encuentran simplificar procedimientos administrativos; medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y publico-privada; regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas patrimonio cultural de la nación, entre otros.

2. Mejora de la calidad de la inversión publica.

En esta materia, se autorizó emitir normas en siete puntos, entre ellos,  modificar el Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación publica; el Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; autorizar a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al hub portuario de Chancay.

3. Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.

 
Sobre esta materia, se autorizó a modificar la Ley del sistema de fomento y apoyo financiero al desarrollo empresarial, y la ley que autoriza a Cofide realizar actividades de financiamiento en favor de pequeños empresarios y agricultores; así  como crear un nuevo marco jurídico que ordene, sistematice y optimice la eficiencia de la actividad empresarial del Estado para fortalecer la estructura y gestión del FONAFE.

4. Reducción de costos de transacción.

Modificará los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional, considerando la implementación progresiva para el caso del Registro de Mandates y Poderes.

5. Acceso y competencia en servicios financieros.

Se autoriza tomar tres medidas, entre ellas,  modificar la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; la Ley de los Sistemas de Pages y de Liquidación de Valores, entre otros.

6. Equilibrio fiscal.

Entre las seis medidas normativas que podrá tomar el Ejecutivo, se encuentra establecer una reducción gradual del déficit fiscal del Sector Publico No Financiero (SPNF); modificar el Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y consolidar el marco normativo vigente para fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos del sector publico.

7. Tributaria.

Podrá emitir normas sobre dos temas: Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital y el perfeccionamiento del sistema tributario.

8. Política criminológica y penitenciaria.

Se autoriza a abordar ocho temas, entre ellos: modificar el Código Penal referido a la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual; modificar y sistematizar el marco legal sobre las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e Internet; modificar la Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal, el Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, entre otros.

9. Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.

Se autoriza a modificar la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, para impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados en el ámbito urbano y rural,  así como disposiciones sobre la declaración de necesidad publica e interés nacional la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, y disposiciones especiales para su construcción y funcionamiento.

10. Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.

Podrá legislar en tres temas como: establecer el marco normativo para la creación e implementación del Sistema Integrado de Evaluación del Riesgo Migratorio;  crear la Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) como entidad publica adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, y modificar el Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y normas del Ejército y la Marina para incluir competencias en ciberdefensa.