(Foto: Congreso de la República/VVásquez)
El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación y con 87 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, el dictamen del Proyecto de Ley 8530/2024-CR, que modifica los Decretos Legislativos 1350 y 1582 para disponer la obligatoriedad de identificación de las personas extranjeras, a fin de contribuir a la lucha contra la criminalidad.
La congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, destacó que, con la modificatoria de los Decretos Legislativos 1350 y 1582, obliga a la identificación de extranjeros y, de esa manera, se llena un vacío que ha permitido que individuos con antecedentes delictivos o asociados con redes criminales internacionales evadan la acción de la ley.
¿DE QUÉ TRATA?
La iniciativa, cuya autora es la congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País), señala que los extranjeros que incumplan con la obligación de identificarse ante la autoridad competente serán sancionados con la expulsión del país.
Esta sanción se aplicará a los extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular por ingresar al país sin realizar el control migratorio de conformidad con la normativa vigente. Asimismo, a los extranjeros que realicen actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.
La duración del procedimiento administrativo sancionador especial excepcional no puede exceder las veinticuatro (24) horas contabilizadas desde la retención administrativa del ciudadano extranjero.
Para el efecto, se modifica el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, en lo relativo a la expulsión e identificación de extranjeros. Asimismo, se modifica el Decreto 1582 en lo relativo a la Retención Administrativa.
Asimismo, se permite que la Superintendencia Nacional de Migraciones pueda implementar un documento de viaje adecuado para que la persona no identificada pueda ser expulsada.
Con esto, según destacó la congresista Adriana Tudela, se mejora la seguridad y refuerza los derechos humanos al garantizar que el proceso de identificación y eventual expulsión sea transparente y esté sujeto a revisión.
BENEFICIOS
La propuesta busca garantizar la seguridad nacional y ciudadana, así como el orden público e interno, salvaguardando los intereses nacionales, a través de la prevención, disuasión y sanción de aquellas conductas infractoras a la norma migratoria.
Además, se fortalecen los controles migratorios para evitar la permanencia ilegal de personas que representen un riesgo para el orden público o la seguridad nacional, se incrementa la confianza en los emprendedores que cierran sus negocios debido a las extorciones y se contribuye a la disminución de los delitos.