El Congreso de la República del Perú ha dado un paso significativo en la modificación del Código Procesal Constitucional. En una votación que ha generado un intenso debate, el Pleno aprobó el dictamen que modifica diversos artículos del mencionado código, enfocados en las demandas competenciales y las medidas cautelares.
Con 70 votos a favor, 38 en contra y 4 abstenciones, el Congreso aprobó en primera votación el dictamen que reduce de 5 a 4 el número de votos necesarios para aprobar demandas competenciales en el Tribunal Constitucional (TC). Esta reforma también otorga al presidente del TC el voto decisorio en caso de empate, mientras que si no se alcanzan los votos mínimos requeridos, la demanda se considerará infundada.
La aprobación de esta reforma ha generado críticas en diversos sectores, quienes advierten sobre un posible conflicto de interés y la concentración de poder en el Congreso. Asimismo, la reforma estipula que el Poder Judicial deberá rechazar las demandas constitucionales que pretendan cuestionar los procesos parlamentarios, lo que ha suscitado preocupación sobre el control judicial en el ámbito legislativo.
Modificaciones principales en el Código Procesal Constitucional
El dictamen aprobado agrupa 13 proyectos de ley que modifican los artículos VI y VIII del Título Preliminar y los artículos 6, 42, 101, 110, 111 y 112 de la Ley 31307, conocida como el Nuevo Código Procesal Constitucional. Estas modificaciones tienen como objetivo fortalecer la autonomía del Congreso en temas clave, como la elección y remoción de altos funcionarios, y limitar la intervención judicial en estos procesos.
Reducción de Votos en el Tribunal Constitucional
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la reducción del número de votos necesarios para aprobar demandas competenciales en el Tribunal Constitucional. Con esta nueva disposición, el voto decisivo del presidente del TC adquiere mayor relevancia en casos de empate, una medida que ha sido vista con preocupación por algunos sectores de la sociedad civil y la política.
Control Judicial sobre el Congreso
Otra modificación clave es la instauración de un mecanismo que impide que el Poder Judicial acepte demandas constitucionales que busquen cuestionar los procesos parlamentarios. Esto incluye medidas como el amparo y el hábeas corpus, que, según la nueva normativa, no podrán ser utilizados para interferir en atribuciones exclusivas del Congreso, como la designación o remoción de altos funcionarios o el juicio y antejuicio político.
El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi Capurro, defendió esta reforma, argumentando que busca evitar que el control judicial se convierta en una herramienta política contra el Congreso. Señaló que la reforma pretende proteger los fueros parlamentarios y garantizar que las decisiones del Congreso no sean objeto de injerencias judiciales que perjudiquen su autonomía.
Detalles del Procedimiento Especial
El dictamen también incorpora un nuevo procedimiento especial dentro del Código Procesal Constitucional. Este procedimiento establece que cualquier demanda que cuestione atribuciones exclusivas del Congreso, como la vacancia presidencial o la remoción de altos funcionarios, debe seguir un proceso particular. Entre las disposiciones clave se incluyen:
- El titular del derecho afectado será quien interponga la demanda, alegando vulneración del debido proceso.
- La demanda será resuelta por la sala constitucional en un plazo máximo de 60 días hábiles.
- El recurso de apelación será concedido con efecto suspensivo.
- No se permitirán medidas cautelares ni la actuación inmediata de sentencia.
Este procedimiento busca otorgar prioridad a los procesos relacionados con las atribuciones parlamentarias, evitando dilaciones innecesarias y asegurando que las decisiones se tomen dentro de plazos específicos.
Implicancias de la Reforma
La aprobación de esta reforma plantea diversos retos para el equilibrio entre los poderes del Estado en Perú. Por un lado, fortalece las competencias del Congreso, garantizando su autonomía frente al control judicial; pero, por otro lado, abre la posibilidad de que decisiones parlamentarias claves no sean cuestionadas ni revisadas judicialmente, lo que ha suscitado preocupación entre sectores que abogan por un mayor control democrático sobre el Legislativo.
Asimismo, esta reforma podría tener implicaciones en casos emblemáticos como la vacancia presidencial, donde el Congreso ha jugado un rol preponderante en años recientes. Al limitar el alcance de las medidas cautelares y otros mecanismos de protección constitucional, algunos críticos consideran que se debilita la capacidad del Poder Judicial de intervenir cuando se vulneren derechos fundamentales durante procesos políticos.
Perspectiva a futuro
De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el dictamen aprobado en primera votación será sometido a una segunda votación dentro de siete días calendario. En ese momento, se confirmará o rechazará la reforma de manera definitiva.
En los próximos días, es probable que continúe el debate tanto dentro como fuera del Congreso, con posiciones divididas sobre las implicaciones de esta reforma. Algunos la ven como una medida necesaria para proteger los fueros parlamentarios, mientras que otros la consideran una amenaza al balance de poder entre el Legislativo y el Judicial.
Este proceso legislativo sin duda será clave para definir la relación entre ambos poderes en el futuro cercano, así como para la consolidación del Estado de Derecho en Perú.