Declaran fundada una acción de amparo contra ProInversión y la Procuraduría del MEF.
Los coletazos del efecto Odebrecht han empezado a pasarle la factura al Estado, luego de que el Poder Judicial diera la razón a tres empresas postoras –vía acción de amparo– que fueron literalmente desembarcadas por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y la Procuraduría del Ministerio de Economía de la licitación para las obras del Gasoducto Sur Peruano (GSP) mediante triquiñuelas administrativas que demuestran ahora cómo el Gobierno de Ollanta Humala direccionó la licitación.
De acuerdo con documentación a la que tuvo acceso EXPRESO, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez especializado Jonathan Valencia López, dejó establecido que las empresas Tecpegas S.A., Gasoducto del Sur S.A. y Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. fueron afectadas en sus derechos al debido proceso, la legítima defensa y al principio de la seguridad jurídica. Ello al ser virtualmente eliminadas del concurso mediante la carta 27-2014-ProInversión/CPSE, del 30 de junio de 2014.
En la parte principal del fallo, que declaró fundado en todos sus extremos el amparo del trío de empresas perjudicadas, se dejó en claro que, como quiera que es irreparable la vulneración de los derechos al debido proceso, la legítima defensa y al principio de seguridad jurídica, se debe requerir a las demandadas (ProInversión y Procuraduría de MEF) que “no vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron las interposición de la presenta demanda, debiendo en lo sucesivo establecer norma claras y precisas para la calificación y descalificación de postulantes”.
A la Contraloría
Valencia López dispuso que la sentencia sea remitida a la Contraloría General, “a fin de que ejerza sus atribuciones y establezca las responsabilidades correspondientes (…) con costos”.
En otro extremo, el magistrado recordó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró en enero de este año la terminación de la concesión del GSP (por causal imputable a Odebrecht), por lo que se ejecutó la garantía del fiel cumplimiento de los 262 millones de dólares.
Fuente: Expreso