El Registro de Integral de Formalización Minera (Reinfo) podría abrirse nuevamente, lo que ha generado preocupación en el sector minero peruano. Por tercera semana consecutiva, un dictamen se encuentra a la espera de ser votado en el Congreso de la República para reabrir el registro durante 90 días. Esta propuesta, respaldada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ha generado preocupación sobre su impacto en las inversiones futuras.
Si se aprueba esta propuesta, sería la tercera vez que se reabre el Reinfo, que se estableció en 2012. El Congreso ya lo extendió en 2019 y 2021, y una nueva apertura podría afectar negativamente la inversión en el sector, tanto para actores establecidos como para nuevos interesados.
Impacto en las inversiones
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) considera que permitir más inscripciones en el Reinfo podría afectar seriamente las inversiones futuras en el sector minero. Según el presidente de la SNMPE, Victor Gobitz, esta medida enviaría una señal negativa a los inversores y dañaría a la industria minera, especialmente en la minería aurífera.
La preocupación expresada por la SNMPE también es compartida por Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, quien señala que abrir el Reinfo cerca de su fecha de caducidad, que está fijada para el 31 de diciembre de 2024 según la ley, no sería prudente y podría ahuyentar a los inversores.
Dificultades y riesgos de la apertura
César Ipenza, abogado ambientalista, recuerda que el Reinfo no es el camino regular para la formalización minera y que motivar la inscripción de nuevos mineros artesanales no garantizaría una formalización adecuada. El proceso ordinario, que implica cumplir con la ley antes de operar, es el enfoque más adecuado.
El Minem apoya la propuesta actual debido a los tres nuevos requisitos que introduce, como la necesidad de contar con un título de concesión minera. Sin embargo, Ipenza considera que estos requisitos podrían ser difíciles de cumplir y señala que se podrían sobrecargar al Minem y a los gobiernos regionales en sus tareas de fiscalización.
También se podría generar una situación de impunidad, ya que la Fiscalía podría tener dificultades para investigar a los mineros ilegales. Además, se presentarían dificultades logísticas para los mineros que ya operan en el sector.
Para abordar este problema, se podrían alentar acuerdos entre los titulares de concesión minera y los mineros artesanales como proveedores. Esto permitiría a los mineros seguir trabajando a cambio de un porcentaje de las ventas y ayudaría a resolver el problema de informalidad.