Por: Felipe Cantuarias, Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.
Para lograr inversiones sostenibles en el tiempo es necesario contar con predictibilidad y seguridad jurídica, ambos se han convertido en elementos importantes de la competitividad de todo país porque permiten atraer inversiones extranjeras para beneficio de la economía.
Para ofrecer seguridad jurídica es necesario contar con fortalezas institucionales, transparencia y seriedad administrativa, sólo así podremos logran que los inversionistas importantes vean en nuestro país un mercado atractivo para depositar sus capitales.
Como presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) he participado en muchas reuniones con inversionistas peruanos y extranjeros interesados en el sector hidrocarburos y todos coinciden en que la predictibilidad y seguridad jurídica son claves para tomar la decisión de invertir en un país.
Estos inversionistas consideran que el Perú es un país atractivo por su potencial en hidrocarburos, por su marco macroeconómico y su estabilidad económica; sin embargo, consideran que el Perú tiene problemas que afectan la predictibilidad y por ende, la confianza de los inversionistas. Algunos ejemplos que grafican esta falta de predictibilidad:
– La licencia que permite explorar en el Perú tarda 4 años en tramitarse, mientras que en otros países ese mismo permiso toma entre 4 y 8 meses.
– En el Perú la lista de licencias y permisos es interminable y lo que es peor, no hay un ente responsable, es decir, es impredecible saber cuánto tiempo tomará y quien será el responsable de otorgar dicha licencia.
– Hay falta de claridad sobre quién es responsable por los pasivos ambientales, el reciente caso de Pluspetrol Norte ha generado incertidumbre en los inversionistas.
Pero a nivel de seguridad jurídica el tema es aún más complicado, pues en el Perú se ha incrementado la incertidumbre y riesgos a la inversión privada. Un par de ejemplos para graficar esta situación:
– La Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), que viene de 1997, no garantiza los derechos adquiridos. Esto ocurrió con los Lote 116 y 103, los cuales, pese a que los decretos supremos que crearon una ANP sobre sus zonas de operación señalaban que se respetarían los derechos adquiridos, sendas decisiones judiciales paralizaron las operaciones.
– El caso de Pluspetrol Norte (PPN), en el cual la empresa promovió un arbitraje internacional para que éste determinase si había asumido o no contractualmente remediar los pasivos de los operadores anteriores a ella, como resultado el Tribunal Arbitral emitió un Laudo que dispuso que PPN no asumió contractualmente responsabilidad u obligación de remediar Afectaciones Ambientales Históricas causadas con anterioridad a su adquisición de derechos, sin embargo hoy se le exige la remediación de todos los pasivos.
La falta de claridad sobre las responsabilidades por los pasivos ambientales afecta la predictibilidad de las inversiones y desalienta el interés de algunas empresas de participar en las licitaciones de los lotes que están por vencerse.
El sector hidrocarburos tiene inversiones por desarrollar por más de US$ 20,000 que permitirían duplicar la producción de crudo y las reservas de gas natural, además de generar empleo y pago de regalías y canon en regiones como la Amazonía que tanto requieren de empleo y desarrollo.
Para que el sector hidrocarburos libere todo su potencial y se convierta en un aliado clave de la reactivación económica descentralizada, es fundamental que el próximo Gobierno restaure la confianza de los inversionistas garantizando la predictibilidad y seguridad de las inversiones.
Fuente: Reuters