Libertad para el uso del canon. Es el nuevo planteamiento de los presidentes regionales al legislativo y al gobierno nacional. Ellos consideran que así podrán brindar mayores beneficios que redundarán en menores conflictos sociales. Así lo afirmó en entrevista con ProActivo, César Villanueva Arévalo, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y titular de la región San Martín.
¿Cuál ha sido expectativa del presidente regional Santos y la de ustedes, respecto al peritaje al proyecto Conga?
La Asamblea tuvo una reunión especial con Gregorio Santos para que él nos informe a detalle su posición sobre la minería y particularmente del caso de Conga, y luego de escucharlo, la Asamblea, mediante cada presidente regional que asistió a la cita- más de 15-, le recomendó que tratara el problema dialogando con el Ejecutivo.
Santos nos dijo que estaba dispuesto al diálogo; eso fue antes de que conociéramos los resultados del peritaje, pero conocido esto, volvimos a conversar con él, de la necesidad de dialogar para encontrar las soluciones favorables a Cajamarca y al país. Sin embargo, luego que el presidente Humala hiciera pública la posición de su gobierno sobre este tema, ya no tuvimos contacto con Santos, aunque él ya hizo conocer cuál es su posición. Nuestra Asamblea cree que la postura asumida por el presidente de la República sobre el tema, no cerró el dialogo. Soy optimista de que podemos encontrar un camino.
El diálogo es la voluntad de todas las partes, no sólo del Ejecutivo y el gobierno regional de Cajamarca sino también de la empresa que tendrá que intervenir para opinar sobre el peritaje. Porque las posiciones de que Conga “va a cualquier precio” o de “que no va”, perjudican al país y al propio Cajamarca.
A usted se le reconoce logros como el ordenamiento territorial. ¿La experiencia la llevará a nivel nacional?
Estamos en esa tarea todos los presidentes regionales; hay la voluntad de buscar solución a los problemas horizontales, pues hay regiones o macro regiones con problemas entre sí, como el caso del agua que puede presentarse entre Arequipa y Cusco, y entre Moquegua, Puno y Tacna.
Esos problemas tienen que ser discutidos y consensuados entre los gobiernos regionales para una solución con sentido común; por ejemplo, si hay un problema por el agua de una cuenca que pasa sobre dos o tres regiones, todas tienen el beneficio del recurso pero no así su propiedad, por lo que sería insólito estimular una política donde se corte un pedazo de cuenca de una sola región. El problema no podría resolverse sin la voluntad de los presidentes regionales.
Sería un paso trascendental si se da el ordenamiento territorial como parte de una política nacional, pero sin esperar que la Autoridad Autónoma del Agua resuelva los problemas regionales sino que lo hagan las propias autoridades con acuerdos consensuados. No podemos reclamar la intervención del Ejecutivo, cuando no podemos ponernos de acuerdo.
¿Cómo puede contribuir la regionalización a resolver los conflictos sociales?
La conducción de la descentralización y de las competencias regionales -más que las 10.000 normas que se tienen para manejar ese proceso-, precisa la política de la concordancia a nivel nacional.
La verdadera descentralización no es la de funciones administrativas, que son un montón y no sirven para nada; necesitamos la descentralización de las inversiones orientadas a respetar los temas ambientales y sociales. La misma naturaleza nos enseña que no podemos gobernar al país con la concepción de manejar un departamento, por más exitoso que éste sea, y tampoco llamarlo región, porque sigue siendo departamento.
A veces no se entiende que las demarcaciones políticas en las regiones y las provincias ya son obsoletas frente a los grandes retos de articular macro regiones.
¿Qué plantean respecto al canon?
Lo vital es aprovechar sus beneficios para una región por la explotación de sus recursos naturales. Actualmente, por la legislación en la que se encuadra el canon, el distrito donde está ubicado una mina o explotación petrolera, recibe un porcentaje, la provincia otro y la región recibe apenas el 25 por ciento. El problema es que hay otros distritos en la misma región que no reciben esos beneficios. Como Asamblea proponemos al Ejecutivo que nos deje resolver el problema interno de la redistribución del canon.
¿Debe reordenarse el canon?
Así es, y el Ejecutivo aceptó, “dice ok, siempre que nos presenten una propuesta por región”. Creo que debería ser colectiva y decir, “tengo 10 provincias y 70 distritos y el canon debe beneficiar a todos”.
Ahora está en manos de los gobiernos regionales concretarlo, pero lamentablemente subsiste el derecho a la propiedad, que le permite a un distrito con canon, negarse a que le resten un centavo para dárselo a otro, lo cual es inequitativo. No es posible que los distritos donde no hay mina solo vean pasar la riqueza.
¿Cómo ayudar a regiones sin canon?
Esas regiones buscan formas de compensación social, tema que ya está en la mesa de discusiones con el Ejecutivo, para que se den a partir de los ingresos compensatorios primarios de la minería que el gobierno central recibe. Las que no deben ser siempre “te doy porque no tienes” sino que las regiones tienen que presentar propuestas que demuestren ser prioritarias para inversiones y medirlo con resultados; hay caminar sobre una cultura de gestión por resultados.
Esos ajustes tienen que hacerse a nivel del interior de cada región que recibe canon. No quiero que se distorsione la propuesta que estamos planteando como Asamblea, en la que no estamos incluidos las regiones que no tenemos canon, y no estamos pidiendo una cuota de ese beneficio. Lo que estamos diciendo es que haya una mejor redistribución en aquellas regiones que gozan de este beneficio. ¡Que bien que lo reciban! pero es necesario una redistribución que incluya a sus vecinos.
¿Cuál sería ese mecanismo de redistribución?
Tienen que reunirse el presidente regional y sus consejos con las autoridades locales para llegar a un consenso, porque el Ejecutivo tiene interés pero con sus problemas no está dispuesto a hacerse cargo de otro, que además le compete a cada región.
¿Qué regiones están dispuestas al cambio?
Todavía no hay una región que levante la mano para decir “yo soy el primero”, pero espero que los presidentes puedan comenzar con un trabajo de convencimiento en su jurisdicción sobre este tema.
Moquegua es una región que tiene al presidente Martín Vizcarra con mucha visión, aprecio sus capacidades y podría ser uno de los primeros en empezar esta distribución.
¿Están comprometidos todas las regiones en las coordinaciones con el Ejecutivo?
Están todos, sólo tenemos el caso de Cajamarca por la coyuntura (de Conga). Así, el presidente de Junín mediante el diálogo acaba de resolver un problema con Doe Run. El inconveniente es que hay gobiernos regionales que tienen desconfianza del Ejecutivo porque éste piensa recentralizar la descentralización. Ha dado muestras de desconfianza con los presidentes regionales por los casos coyunturales, y no debe ser así, pues una golondrina no hace verano.
La posición de la mayoría de presidentes regionales es buscar concordancias. Puedo garantizar que buscan atraer las inversiones y promoverlas.
En la Asamblea tendimos puentes con el Ejecutivo; en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no; avanzamos en los puntos concordantes,y después retomaremos los discordantes. Ni los congresistas, ni el Ejecutivo, ni los gobiernos regionales o locales fuimos elegidos para confrontar sino para resolver.
Si la minería o cualquier explotación de recursos naturales, respeta el equilibrio ambiental, bienvenido. A eso tiene que sumar el respeto y el derecho en la región a la generación de empleo, y respeto entre la población y las empresas, porque hay aquellas soberbias que se creen dueñas del mundo y eso no funciona. Queremos sea una relación de respeto mutuo, sin antagonismo.