El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, ha decidido anular un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) debido a un posible conflicto de interés. Este acuerdo, que data de 2017, tenía como objetivo capacitar a jueces en materia ambiental. La decisión ha generado diversas reacciones y pone de manifiesto la necesidad de transparencia en las relaciones entre las ONG y las instituciones del Estado.
El convenio entre el PJ y la SPDA fue firmado en 2017, bajo la presidencia de Duberlí Rodríguez en la Corte Suprema. Este acuerdo, que se renovaría cada tres años, se extendió en 2020 por José Luis Lecaros hasta octubre de 2023. Según el documento, la SPDA se comprometió a capacitar a magistrados, personal jurisdiccional, administrativo y sociedad civil en temas relacionados con la gobernanza ambiental, la conservación y la gestión sostenible de los recursos naturales.
Durante estos años, la SPDA ha organizado diversas actividades de capacitación, incluyendo charlas sobre “Derecho Administrativo Ambiental”, programas de especialización en delitos medioambientales y diplomados en temas ambientales a nivel nacional. Estas actividades han sido fundamentales para el desarrollo de conocimientos especializados en materia ambiental dentro del PJ.
El 3 de junio de 2024, Javier Arévalo emitió una resolución administrativa anulando el convenio. Esta decisión se tomó a pedido de la Comisión Nacional de Gestión del PJ, la cual también preside. En el documento no se detallan los argumentos específicos que sustentan la anulación, lo que ha generado incertidumbre y preguntas sobre las razones detrás de esta medida.
Posible Conflicto de Interés
Fuentes cercanas al despacho de Arévalo indicaron a Perú21 que la anulación se debe a que los jueces capacitados en estos siete años podrían haber respondido a los intereses de la SPDA en controversias sobre el medioambiente. Además, se señala que la SPDA ha participado en casos mediáticos, presentando opiniones legales que han sido consideradas en los análisis judiciales. Un ejemplo de esto es el informe legal enviado a la Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima en mayo último, donde la ONG recomendó rechazar una demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) relacionada con la reserva de Paracas, fallo que fue en ese sentido.
Reacciones de la SPDA
La SPDA respondió a la anulación del convenio mediante una declaración escrita, expresando su esperanza de que el PJ disponga una revisión del trabajo realizado durante estos años. La ONG enfatizó que no buscan direccionar fallos judiciales y que no participan como parte procesal en los casos analizados por jueces y fiscales, asegurando así que no tienen conflictos de interés con las causas resueltas.
Aunque el convenio con el PJ ha llegado a su fin, la SPDA continúa colaborando con otras instancias del sistema de justicia, como la Academia de la Magistratura (Amag), que también recibe capacitaciones de la ONG. La decisión de Arévalo aún debe ser evaluada por el Consejo Ejecutivo del PJ, que tendrá la última palabra sobre la continuación o no del convenio.
Importancia de la Transparencia
La anulación del convenio resalta la importancia de la transparencia en las relaciones entre las ONG y las instituciones del Estado. En el contexto de un debate en el Congreso para aprobar una ley que obligue a las ONG a transparentar sus fondos y actividades en el Perú, la medida tomada por Arévalo subraya la necesidad de asegurar que las decisiones judiciales se tomen sin influencias externas.