El operativo que presidió el Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería en ocho centros mineros de los distritos de Chala y Cháparra (Caravelí), el jueves pasado, fue rechazado por el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén. El malestar lo transmitió a través de un oficio enviado a Daniel Urresti, funcionario encargado de la destrucción de los campamentos.
Guillén se solidarizó con los mineros artesanales afectados, ya que varios estaban en proceso de formalización. Agregó que todos los avances de la región para lograr la legalidad quedaron sin piso.
El jefe de la Oficina de Asuntos Sociales del Gobierno Regional, Berly Gonzales Arias, dijo que este trabajo empezó en el 2008 con la emisión de normas regionales para generar la formalización de los mineros.
En Arequipa, 16,380 trabajadores artesanales presentaron sus expedientes para salir de la informalidad a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Explicó que el organismo nacional los engañó porque solo les comunicó de una inspección en Caravelí para los días 10, 11 y 12 de marzo. “Jamás hablaron de interdicción”, dijo.
Por estas razones se decidió no asistir a la reunión del 18 de marzo en la PCM. En la cita se iba a tratar el tema de formalización.
Se equivocaron
El subgerente de la Autoridad Regional del Medio Ambiente (Arma), Dante Pinto Otazú, reveló que la comisión de la Presidencia de Consejo de Ministros cometió varios abusos.
“Volaron los molinos de la Asociación Estrella del Minero, cuando ellos sí tenían declaraciones de compromiso individuales, pese a eso no los respetaron”, aseguró.También dinamitaron las máquinas de la empresa Servicios Metalúrgicos Generales E.I.R.L., confundiéndola con la planta de beneficio Alvarado. “No verificaron si las coordenadas de ambas eran compatibles y la interdictaron”, denunció.
Lo más grave del proceso fue que la PCM remitió una lista de 33 plantas pasivas de interdicción el 11 de marzo a la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) para que identifique a las ilegales con nombres que no eran compatibles con la razón social de las empresas. “Aparentemente la PCM hizo un levantamiento de información errado, tomando como base nombres populares de estas empresas que obviamente no están en el Registro Nacional de Declaraciones”, dijo Pinto.
Ante esto, la GREM remitió un oficio advirtiendo del error a la Fiscalía del Medio Ambiente, para evitar confusiones. “No entiendo por qué la Fiscalía no investigó más, nosotros cumplimos con advertirles que la información que ellos tenían era inexacta”, aseguró el titular de la GREM, Alberto Butrón.
Los mineros también denunciaron que se destruyó el molino del presidente de la Federación Regional de Mineros Artesanales de Arequipa (FEMAR), Víctor Taype Olivares, quien contaba con sus documentos en regla y era el propulsor del proceso de formalización.
La República