Javier Atkins
El presidente regional de Piura, Javier Atkins Lerggios, consideró que el Gobierno Central tiene que ser implacable con la minería informal a fin de erradicarla, por tratarse de una actividad que está perjudicando el medio ambiente en el Perú.
En tal sentido, Atkins insistió en la necesidad de que las autoridades competentes y comprometidas en esa lucha hagan cumplir los plazos para que los mineros artesanales informales logren su formalización.
“Acá los plazos tienen que respetarse, se les ha dado suficiente tiempo (a los mineros artesanales) para manifestar su intención de querer formalizarse, pero a pesar de ello no lo han hecho porque no tienen ninguna intención de hacerlo”, sostuvo el titular del Gobierno Regional de Piura (GRP).
El gobernante regional indicó que ahora que se venció el plazo para la formalización (el 19 de abril), se continuará el proceso con todos los que han expresado su intención de realizar una minería formal.
“Nosotros vamos a continuar con aquellos que han presentado formalmente no solo su solicitud (de compromiso) sino que hay algunos que han avanzado en este proceso de formalización, y los otros que no lo han hecho quedarán afuera lamentablemente”, aseguró.
En otro momento, Atkins manifestó que la minería ilegal no solo ha traído a la región perjuicio ambiental, sino también ha provocado el aumento de casos de trata de personas y el tráfico ilegal de insumos químicos.
Según el director regional de Energía y Minas de Puno, Alfredo Guzmán Zegarra, al vencerse el plazo para el proceso de formalización, solo 300 unidades mineras, de un total de 1,600, están avanzando en las etapas de ese proceso en dicha región.
Estas unidades productivas representan alrededor de 1,800 mineros, del total de 10,000 que hay en la región Piura.
La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Piura informó que los mineros que deseen formalizarse deben presentar la declaración de compromiso, la acreditación de titularidad, contrato de cesión, acuerdo o contrato de explotación sobre la concesión minera; acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial.
También la autorización de uso de aguas; aprobación del instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC) y la autorización para el inicio/reinicio de actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales.
Andina