Los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala deberán rendir su testimonio ante la justicia en torno a los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de diferentes administraciones gubernamentales, según informó la procuradora general de la República, Julia Príncipe.
La jefa del Consejo de Defensa Jurídica del Estado indicó que estas son algunas de las diligencias solicitadas por la Procuraduría Anticorrupción, que presentó ante el Ministerio Público una ampliación de denuncia en el marco de las pesquisas que se realizan debido a los sobornos pagados por las empresas constructoras brasileñas.
En conferencia de prensa, Príncipe explicó que con la finalidad de impulsar la investigación en este caso, el procurador anticorrupción Amado Enco también solicitó la ampliación de la investigación contra tres personas naturales a fin de que sean incluidas como investigadas.
“La Procuraduría está solicitando ampliar la denuncia contra Marcelo Bahía Odebrecht, Jorge Henrique Simoes Barata y Gonzalo Eduardo Monteverde, y contra los funcionarios y/o servidores públicos que resulten responsables”, indicó.
En el caso del representante de la transnacional, Marcelo Odebrecht, este ya fue sentenciado a 19 años de prisión por un caso vinculado a la empresa estatal brasileña Petrobras. Barata es considerado uno de los principales integrantes de la empresa encargada de los proyectos en el Perú. Y, finalmente, Gonzalo Monteverde ha sido vinculado con empresas fantasmas para “blanquear” los $29 millones que Odebrecht pagó en sobornos en el Perú.
Príncipe no descartó que un equipo del grupo de procuradores ad hoc del caso “Lava Jato” viaje a Brasil.
“El caso Odebrecht es un megacaso de corrupción, con infinidad de aristas y transversal a varios gobiernos”, indicó.
Por ello, aclaró que lo cometido por la empresa Odebrecht “no son errores”.
De esta manera aludió a la posición asumida por el presidente de Odebrecht Latinvest en el Perú, Mauricio Cruz, quien declaró que su empresa erró y que ayudará con las pesquisas.
“No son errores, son delitos, y muy graves, que han perjudicado a millones de peruanos”, enfatizó Príncipe.
CASI 80 TESTIGOS. A su turno, el procurador anticorrupción Amado Enco detalló que se solicitó ampliar la investigación en un marco temporal que va de 2001 a 2016.
“Estamos incorporando hechos… aproximadamente 19 proyectos de inversión u obras de las cuales la empresa Odebrecht ha sido beneficiada ilícitamente”, indicó.
Enco explicó que junto a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Gonzalo Eduardo Monteverde, y a la de los expresidentes Toledo, García y Humala, su despacho ha pedido que sean convocados a declarar en calidad de testigos los exministros que estuvieron relacionados con las obras.
Se trata de ocho exministros de Estado que ocuparon las carteras de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, y Economía y Finanzas, entre ellos el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, Luis Miguel Castilla, Jorge Merino Tafur, René Cornejo, Verónica Zavala, entre otros.
También deberán concurrir a declarar la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el actual burgomaestre capitalino, Luis Castañeda Lossio.
Enco remarcó que tras el reconocimiento de la empresa Odebrecht, los funcionarios estatales involucrados en los sobornos deben ser identificados y procesados por los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, colusión, asociación ilícita para delinquir y otros que aparezcan en el curso de la investigación.
En su ampliación también ha pedido que se incluyan en calidad de investigadas a la Constructora Área S.A.C. y a las empresas offshore Klienfeld Services LTD. (Panamá) y Balmer Holding Assets (Barbados).
De otro lado, el defensor del Estado anunció que han solicitado al Ministerio Público tener acceso al acuerdo suscrito entre la empresa Odebrecht y el Ministerio Público -en el que se reconocen los delitos, la empresa se compromete a brindar información y adelantar $30 millones- con el fin de “poder examinar” el documento y confirmar “que no se está limitando el derecho del Estado en términos de reparación civil, ya que esa es facultad de la Procuraduría Anticorrupción”.
Finalmente, Enco se defendió de las acusaciones en su contra con respecto a su idoneidad para encabezar el grupo de trabajo estatal que investigará a la empresa Odebrecht. Ello con relación al proceso administrativo por su actuación como procurador adjunto en la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán.
“A mí no me perturba nada”, respondió el abogado del Estado tras acotar que “no existe un hecho palpable que ponga en duda” su independencia y autonomía.
