La minería informal en Perú ha crecido de manera alarmante al punto de vulnerar también a la sociedad en general por el incremento de la delincuencia. A continuación, las opiniones de algunos expertos del sector minero que coinciden en que para el combate de la informalidad es necesario trabajar por la trazabilidad del oro en particular.
Víctor Gobitz
Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo que dicha actividad produce 4 millones de onzas de oro, que significa 8 mil millones de dólares al año en precios actuales; e involucra hasta unas 500 mil personas. “Corroe toda la institucionalidad del país, la Policía, el sistema judicial y, es duro decirlo, pero pareciera que han llegado hasta el Congreso”, manifestó.
Agregó que Perú produce formalmente 3 millones de onzas de oro al año y que; sin embargo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) reporta que la exportación de oro es de casi 5 millones de onzas, lo que deja una diferencia de 2 millones de onzas. Por otra parte, explicó que la misma cantidad “estaría saliendo de manera indebida por la frontera con Bolivia”.
Como solución, apela a una labor de inteligencia en la trazabilidad del oro, para monitorear la cadena productiva y señala que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) tiene que eliminarse porque se ha convertido en la herramienta de ilegales.
Roque Benavides
Por su parte, Roque Benavides, Decano Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, declaró que, tras lo ocurrido en Pataz, la ciudadanía se ha dado cuenta que “la informalidad y la delincuencia están mezcladas”.
En esa línea, invocó al Ejecutivo y Legislativo frenar el avance de la minería informal, centrando esfuerzos en cuatro ejes: el orden interno, declarar a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional, para que el Estado aumente su presencia en determinadas zonas; en el marco normativo, aprobar un plan de lucha y concluir con los procesos de formalización; en el desarrollo institucional, fortalecer los gobiernos regionales y los mecanismos de alerta para lavado de activos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y AFP, además de la supervisión del OSINERGMIN y el OEFA; y en cuanto a la cadena productiva del oro, pidió crear un Sistema Nacional de Trazabilidad para reforzar el Registro Especial de Proveedores de Insumos, Comercializadores y Procesadores de Oro (REPCO), y optimizar el control de las plantas procesadoras.
Ángela Grossheim
Por su lado, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, reveló que la minería ilegal abarca el 2.5 % de PBI, vulnera el medio ambiente, derechos humanos y la seguridad laboral. Reveló que son unas 470 normas, más de 230 permisos y 29 entidades involucradas, para la minería legal.
La SNMPE propone abordar esta problemática de forma integral, con mayor seguridad en las zonas más álgidas, con cambios normativos para no seguir con procesos de formalización que no concluyen; y fortalecer las instituciones y a las autoridades regionales a cargo de la fiscalización. Pidió la trazabilidad del oro, de los insumos y de las plantas de beneficio. Sobre el REINFO, coincidió que es tomado como un aval para realizar actividades ilícitas.
Augusto Baertl
Mientras, para el empresario Augusto Baertl, la informalidad se ha naturalizado. “El propio país ha promovido la informalidad, con vallas muy altas para ser formal. Así se le orilla a la ruta de la informalidad”, comentó.
Añadió que, con la informalidad aceptada, se acuerda a que todo un grupo no cumpla con el marco legal y se va construyendo “una cultura de actuar al margen de la ley”. Para el caso minero, observó que los informales atrajeron de alguna manera a las organizaciones criminales, al contratarlos para amedrentar a fiscalizadores y eso terminó afectándoles.
Para el caso de la minería, bosquejó como posible solución realizar reformas estatales: “Al minero informal hay que darle un régimen de normas que pueda cumplir y tener supervisores que velen para que cumpla, y darle beneficios”.
Zetti Gavelan
En tanto, Zetti Gavelan, ejecutivo de Glencore, acusó que la minería ilegal es un flagelo y uno de los negocios ilícitos más grandes en Perú, que afecta a la economía nacional y a la población en general. “Está catalogado entre una las amenazas transnacionales, y necesita un trabajo articulado entre países, porque ya no se centra solo en el Perú, tiene a Bolivia, Brasil y Colombia”, comentó.
Dijo que el REINFO se ha distorsionado en el tiempo, por lo que se necesita tomar acciones. “En algún momento se pensó que podría ser una solución viable para la formalización de muchos mineros informales, pero lamentablemente se ha vuelto un escudo para la minería ilegal. Sin duda necesita cambiarse, modificarse y, con la gravedad de la situación, probablemente eliminarse”, sentenció.
Iván Salas
Por el contrario, para Iván Salas, gerente de Inca One Gold Corp., el REINFO es un mecanismo aún perfectible porque generó una oportunidad de formalización. Añadió que la pequeña minería representa 200 mil personas trabajando, casi 1950 empresas formales y 18 mil RUCs que operan con REINFO, casi todos en proceso de formalización. “Hay gente o grupos que sí hay que discriminar y separar”, aclaró.