Fiscalía Especializada investigará presuntos cobros de comunidades a mineros ilegales e informales
La Policía maneja la información que de 10 crímenes que ocurrieron en el 2016 la mitad de estos fueron porque mineros ilegales no pagaron a proveedores ecuatorianos.
En los últimos años, el distrito de Suyo, ubicado en la provincia de Ayabaca, se convirtió en una zona contaminada no solo por la minería ilegal sino también por el poder que han ejercido grupos criminales que operan como sicarios y que por menos de mil soles son capaces de ejecutar a empresarios, moradores e incluso autoridades.
La contaminación del oro
De acuerdo al último informe emitido por la Dirección Regional de Energía y Minas (Drem) con fecha del 27 de setiembre en el distrito de Suyo se han detectado 20 zonas pasibles de interdicción.
Lo que quiere decir que existen veinte zonas que la Drem Piura ha detectado donde se realizan actividades de minería ilegal y que se encuentran en estudios de haber sido contaminadas.
Según la información de la Policía Ambiental de Piura solo en la última intervencion realizada a inicios de noviembre en la comunidad campesina de San Sebastián, conocida como Portilla se decomisaron nueve kilogramos de cianuro y se encontraron más de cuatro pozas con este elemento químico.
Durante la interdicción realizada por un contingente policial proveniente de Lima y Piura, en la puerta principal de las zonas donde se realizaba la actividad minera ilegal encontraron varios recibos y planillas de presuntos cobros que realizaría la misma comunidad a los mineros ilegales e informales.
“Las comunidades campesinas se oponen a las actividades mineras, porque quieren dedicarse a la agricultura, pero, todo el caserío de San Sebastián es pampa debido a que toda esa tierra está llena de cianuro, ahí no va a crecer nada hasta en cien años. En la última interdicción hemos encontrado planillones, recibos en todo el portón principal de cobros por 100 o 200 soles, todo ese material lo hemos puesto a disposición de la Fiscalía de Sullana”, refiriere uno de los agentes de la Policía Ambiental.
Respecto a esta información la fiscal Berena Ballesteros Vigil de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, manifestó que dichos documentos pertenecían a una oficina de una comunidad campesina de la zona y que dicha investigación será trasladada a la Fiscalía Especializada Ambiental de Sullana, para que continúe con las diligencias.
Fuente: Correo