(Foto: La República)
Comuneros ingresaron al campamento por la fuerza, quemaron maquinaria y según varias versiones explotan el tajo minero de manera informal.
Saqui Totora es un pueblo encallado en las alturas montañosas del distrito de Sina, provincia de San Antonio de Putina, a siete horas al norte de la ciudad de Puno.
Este poblado de alrededor de 220 habitantes, el 21 noviembre de 2021, salió del anonimato. Un sector de comuneros se unió y echó a los trabajadores de la minera Argos. Esta empresa hace pequeña minería, tiene una concesión otorgada por el Estado peruano para explorar reservas de oro en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia, límite con la comunidad en cuestión. Ese día, a las 14:15 horas, sitiaron el campamento. Desde la loma aparecieron 150 personas enardecidas y encapuchadas conformadas por varones y mujeres provistos de palos y huaracas. Primero atacaron a un trabajador y, luego, irrumpieron violentamente en las instalaciones de Betaspata. Amenazaron: “los vamos a quemar si no se retiran”.
El jefe de Relaciones Comunitarias, Richard Taype Gomes, pidió que se calmaran. Les dijo que los obreros tenían familiares. Ante la amenaza de ser ajusticiados, 96 trabajadores de Argos abandonaron la concesión. Después el campamento fue quemado. Estos detalles figuran en una denuncia de parte que formuló la empresa contra los dirigentes en el Ministerio Público de Puno.
En la versión de la comunidad, el conflicto se desató por incumplimientos de compromisos de la minera. Aunque en el fondo es una disputa de una empresa formal e informales por el oro.
Argos se instaló en la zona desde junio 2018, para hacer trabajos de exploración, previa autorización comunal. A cambio, la minera aceptó construir una posta médica, dotar de internet al pueblo, construir un local comunal, entre otras demandas. Hay un documento notarial al respecto.
La asamblea autorizó a Marcelino Mamani Quea y Javier Hilasaca Mamani, presidente y secretario de Saqui Totora, firmar el acuerdo.
La convivencia se quebró aquel día. Once días después, el 1 de diciembre de 2021, la fiscal de Sandia, Aydee Quiñones Galindo, se trasladó a la zona. Constató el bloqueo de cinco kilómetros de carretera y la quema del campamento. La maquinaria pesada también sufrió las consecuencias del fuego. De ello, existen fotografías y videos.
Son tres meses que los dirigentes tienen tomada la concesión minera. La Dirección Regional Minas de Puno, advirtió que en ese tiempo los dirigentes comenzaron a explotar el oro. La información fue confirmada por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional en Puno. Esta instancia del Ministerio del Interior, informó que incluso en las labores estarían trabajando menores de edad. Un joven en edad escolar habría perdido los dedos.
Al conflicto se le buscó una solución en dos mesas de trabajo el 13 y 25 de enero de 2021 en Juliaca y Huancané, respectivamente. Los representantes de Argos y la comunidad se sentaron sin llegar a soluciones.
El director regional de Energía y Minas, Dante Salas Ávila, fue tajante. “Lo que ellos quieren es el oro. No hay intención de solucionar. El interés es la concesión”, aseguró a La República.
Por su parte, Obed Álvarez Quispe, responsable del departamento de Minería, aseguró que el afán de los dirigentes de la comunidad es no llegar a acuerdos concretos para tener más tiempo para explotar la mina.
En representación de Saqui Totora, habló Jhonny Fritz Garces, asesor legal de los comuneros. Este insistió que la empresa no cumplió con sus compromisos. Alegó que hubo maltratos que obligaron a que los comuneros se rebelen a punto que ahora no quieren que vuelvan nunca más. Dejó entrever que para sus patrocinados, una opción, sería ser socios, por ser dueños del terreno superficial. Aunque la Constitución Política precisa que el Estado es dueño de los recursos naturales del subsuelo sin importar quien sea el posesionario del suelo.
Por su parte, el vocero oficial de Argos, Luis Enrique Aguado Muñoz, aseguró que sí se cumplió con los acuerdos y desarrollaron labores sociales. Indicó que la posta de salud no se edificó aún porque los beneficiarios no cumplieron con entregar el terreno para su edificación. Respecto al local comunal, hay un problema logístico. Los comuneros son proveedores. Éstos no cumplieron con venderles a tiempo a la mina los materiales de construcción. La obra está en proceso. Indicó que sí cumplieron con instalar internet y mejoraron caminos. Sobre la posibilidad que los lugareños sean socios, dijo que la propuesta también supone asumir compromisos, riesgos y responsabilidades. Finalmente precisó que están dispuestos al diálogo.
En Saqui Totora, la demanda detrás del telón es el oro.
Fuente: La República