ProActivo | El congreso proEXPLO 2025, dio espacio para el análisis ESG (Environmental, Social and Governance) a través de una Mesa Redonda, en donde la necesidad de la gobernanza y la visión territorial fueron temas en común y cada participante puso su perspectiva diferencial.
Los protagonistas: Gisela Lombardi, gerente de Permisos y Asuntos Gubernamentales de la Compañía Minera Zafranal; María Teresa Colque, gerente de gestión social en Cuspide Copper, empresa de exploraciones del Grupo Hochschild; Alberto Ventura, abogado en temas ambientales y socio del estudio Miranda & Amado; y Marcio Labruna, gerente de Land Access – para BHP Exploration .
Precisamente, este último, como parte de la rueda de preguntas que dirigió Lorena Carrillo, miembro del comité organizador de ProExplo 2025, remarcó la importancia de tener una política de ESG coherente y con real sentido de pertenencia.
Para Marcio Labruna, es esencial que las empresas mineras se adecuen a las comunidades locales que alojan los proyectos y no al revés. “Hay que entender el contexto sociocultural, ambiental y de la gobernanza territorial en el lugar. Tenemos que ajustarnos a la comunidad y eso hace parte de la estrategia que debemos implementar”, expresó.
Aprender la lengua local no es opcional, es esencial
En esa línea agregó que las acciones de verdadero compromiso e interés por conocer a la comunidad local pasan por detalles como aprender a hablar la lengua o dialecto de la mayoría de ellos.
Y es que, de acuerdo a un estudio desarrollado por la Universidad de Queensland (Australia), casi el 80% de la reserva mundial de los minerales necesarios para la transición energética están dentro o en el entorno territorial de pueblos indígenas o comunidades campesinas.
“Por ejemplo, en Perú, no hay que solamente entender el contexto cultural, tenemos que hablar quechua. Lo mismo pasa con proyectos en Canadá, con los inuit, que tienen dialectos. Eso ayuda a construir confianza dentro de la perspectiva de las relaciones”, precisó.
Lo pusieron en práctica en Caylloma, Arequipa
En tal sentido, Labruna contó su experiencia trabajando en un proyecto en el distrito de Callalli, en la provincia arequipeña de Caylloma, en donde realizaron un trabajo que alcanzó más de 70 acuerdos con la comunidad local tras casi 2 años de presencia permanente en el lugar y en un diálogo transparente. “Estamos hablando de territorio del distrito de Callalli, donde incluimos las propiedades rurales dentro de un programa de mejora de los recursos para la función humana. Así, pasamos de una escala muy puntual del impacto de los proyectos, a una escala territorial que nos permite trabajar en el desarrollo de las comunidades dentro de su perspectiva de vida en el territorio”, narró.
De las exploraciones al EIA
A su turno, Gisela Lombardi destacó en su intervención en ProEXPLO, la importancia de establecer una relación de confianza desde las primeras etapas de un proyecto minero. Enfatizó que una comunicación transparente con las comunidades locales durante la fase de exploración es clave para lograr una primera impresión positiva, que facilite el diálogo y genere un vínculo de confianza mutua. Según Lombardi, este relacionamiento inicial asegura el éxito en la exploración y sienta las bases para las etapas posteriores, incluyendo la continuidad del proyecto y la obtención de permisos necesarios.
Asimismo, subrayó que, una vez descubierta la reserva mineral, el trabajo con las comunidades se vuelve aún más crucial durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La participación ciudadana, que resulta más efectiva cuando ya se han construido relaciones sinceras y abiertas, facilita el proceso de aprobación del EIA y contribuye a construir la tan ansiada licencia social. Lombardi añadió que este proceso de confianza mutua con los centros poblados, alcaldes y gobiernos locales es esencial para avanzar hacia la fase de operación, asegurando un desarrollo sostenible y responsable del proyecto.
Entre las altas expectativas y los temores a la actividad minera
María Teresa Colque, especialista en exploraciones greenfield, desde su perspectiva pone dos escenarios sociales que deben comprenderse en aquellos territorios con o sin experiencia minera. Para ella estos son los desafíos: “Los temores de las comunidades ante la presencia de la minería y las altas expectativas de beneficios económicos”.
Colque subraya que, en las exploraciones, debido a sus tiempos cortos y presupuestos limitados, es crucial gestionar de manera eficiente la relación con las comunidades, construyendo confianza a través de una diferenciación clara entre exploración y operación minera.
Asimismo, enfatizó que en las exploraciones greenfield, uno de los desafíos es la demanda de empleo local, la percepción social del proyecto y los obstáculos en el acceso a la propiedad superficial. Además, señala la limitada capacidad de las empresas para controlar procesos como permisos y consultas previas, lo que complica la gestión social. La percepción pública, que asocia inmediatamente la exploración con la minería en operación, requiere una estrategia de comunicación diferenciada y gradual para generar confianza y gestionar expectativas realistas.
Minería ilegal ¿ganancias rápidas?
Un escenario retador para la minería formal y sostenible que María Teresa Colque aborda es la competencia desleal de la minería informal y la ilegal. Advierte que las ganancias rápidas y visibles de la minería ilegal dificultan la promoción de prácticas responsables y sostenibles. Sin embargo, Colque también ve en esta realidad una oportunidad para fortalecer la credibilidad de la minería formal.
“Tenemos declaraciones ‘con un año de minería informal o con un mes en el socavón gano más de lo que con un año en mi chacra’. ¿Cómo compites con eso, cuando tienes a alguien que te está dando un bolsillo de manera inmediata a pesar de que reconocen el impacto que te acarrea? Si bien es algo negativo, quiero dejarlo como la oportunidad que nos representa a nosotros en las exploraciones de empezar a construir desde ese minuto cero, confiabilidad en la minería formal. Somos la carta de presentación y si no lo demostramos, no solamente en discursos, sino en actitud que somos responsables y somos una mejor alternativa que la minería informal, pues a la larga eso nos va a costar”, dijo en declaraciones recogidas por ProActivo.
Más regulación para desregular
Desde un análisis normativo, Alberto Ventura, habló de la consulta previa y recordó que muchas de las medidas propuestas en el paquete desregulatorio ya habían sido discutidas en el pasado, específicamente hace cinco años, pero que nunca lograron consolidarse. Este contexto evidencia que la problemática de la regulación en minería y energía es persistente y requiere soluciones más efectivas y consensuadas.
Ventura hizo énfasis en los obstáculos que representa la Ley de Consulta Previa, vigente desde hace casi 15 años, y que a pesar de contar con un reglamento y lineamientos específicos, sigue siendo una de las principales piedras en el camino para la actividad minera. Datos oficiales indican que, desde la implementación de esta normativa, solo se han iniciado 39 procesos de consulta en el sector minería, muchos de los cuales permanecen estancados o concluidos tras largos períodos, en algunos casos hasta de tres años. Este retraso impacta significativamente en la etapa de exploración, considerada preparatoria y de alta incertidumbre.
El abogado cuestionó la necesidad de realizar consultas en una etapa tan temprana como la exploración minera, que por su naturaleza es poco invasiva y aún no define si un proyecto llegará a concretarse en una explotación. Para él, la consulta previa en estos casos puede ser inapropiada o incluso contraproducente, ya que se trata de una fase donde aún hay mucha incertidumbre. Además, advirtió sobre el riesgo de que las nuevas propuestas regulatorias pueden terminar generando más obstáculos si se interpretan de manera equivocada o se suman requisitos adicionales a los ya existentes.
Finalmente, hizo un llamado a tener cuidado con las medidas propuestas en el paquete anti-regulador. “¿Cómo para desregular tenemos que seguir regulando?”, observó. Señaló que en la legislación actual ya existe un acuerdo previo para acceder a terrenos, y que cualquier cambio debe ser manejado con prudencia para evitar que estos nuevos requisitos se conviertan en un riesgo mayor que la propia regulación.