Por: Juan Carlos Miljanovich, CFO de Summa Gold Corporation
El presupuesto público para el 2022, luego de varios debates en el Poder Ejecutivo y Legislativo, prioriza la atención a los sectores de Salud y Educación. Esta vez se incrementará en un 7.6% con relación al del año pasado y serán las empresas mineras formales, como viene sucediendo en los últimos tiempos, las que sustentan buena parte del presupuesto de todos los peruanos.
Pese a esta relevancia que tienen las compañías mineras formales, que logran resultados concretos por sus procesos y control de costos eficientes, existen factores externos que ralentizan sus operaciones, haciendo que detengan su producción y, por ende, la generación de empleo y desarrollo para su zona de influencia. Un ejemplo es la conflictividad social, sobre la cual se adiciona una posición ambigua de algunas autoridades, argumentado “Rentabilidad Social”, un concepto que en ocasiones, no cuenta con una definición clara.
La “Rentabilidad Social” significa que los ciudadanos tengan, en primer lugar, buena alimentación, luego que accedan a servicios básicos como vivienda, agua, electricidad, salud y educación, para que las futuras generaciones tengan la posibilidad de un desarrollo integral. Pero ¿cómo lograrlo? Simplemente con recursos bien administrados por el Estado. No hay otra forma.
Debemos “crear riqueza” como las empresas mineras formales del país. Por cada trabajador en planilla, se generan cuatro puestos indirectos de trabajo y recursos para todas las familias. Gracias a sus tributos e impuestos, el Estado impulsa una verdadera “Rentabilidad Social” además de las inversiones realizadas en la modalidad de “Obras por Impuestos”.
La “Rentabilidad Social” no se logra generando expectativas insostenibles a las comunidades de zonas altoandinas ni anunciando cierre de minas en audiencias públicas. Tampoco se obtiene con chantajes, extorsiones, bloqueos y paralizaciones como los que se vienen protagonizando en la zona sur del país. El único camino que beneficia a todos los peruanos es generar recursos para crear riqueza, en un contexto que nuestro Estado haga respetar la ley.