Por Asociación de Contribuyentes
A escasos días de culminar el año 2022 y en medio de una grave convulsión política, solo se ejecutó el 66% de los recursos que se generaron de la minería –canon y regalías–, y esa cifra representa el nivel más bajo de ejecución desde el año 2008.
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Lo anterior es significativamente relevante por dos razones. Una es que las transferencias de recursos mineros batieron récord histórico este año, con S/10,405 millones adjudicados a los gobiernos subnacionales, es decir, aumentan los recursos, pero no llegan a la población, quedando en el aire casi S/3,600 millones no ejecutados.
La otra razón es que pierde sentido el discurso que responsabiliza al modelo económico actual como el causante de la precariedad en los servicios públicos y la pobreza, cuando las ineficiencias se concentran en el sector público. Esto sin contar que de esos S/ 6,400 millones de soles, en promedio, según la Asociación de Contribuyentes, por lo menos el 30% se destina a gasto corriente, consultorías, pintado de locales, ornato, combustible de autos y otros sin importancia.
Así, a pesar de tantos recursos disponibles provenientes de los contribuyentes sin utilizar, se sigue apostando por la idea de aumentar la inversión pública en vez de mejorarla, cuando la evidencia demuestra que la capacidad de los gobiernos subnacionales de ejecutar cualquier presupuesto es pobre.
En efecto, las demoras en todas las etapas, particularmente en las adjudicaciones, generan importantes descalces e inconsistencias, algo que tiene efectos directos en la población más vulnerable, en los contribuyentes pobres.
Además, se debe tener presente que los recursos mineros para los gobiernos locales cobran protagonismo dentro de sus presupuestos generales, respondiendo a 1 de cada 4 soles, mientras que para los proyectos de inversión pública tienen una participación de 1 de cada 3 soles.
Por ejemplo, la región de Áncash fue la que más recursos mineros recibió, tras canalizar S/2,845 millones. De estos, el 77% corresponde a los gobiernos locales, quienes solo lograron ejecutar el 62% de su presupuesto, siendo el promedio más bajo.
Con todos estos datos, queda claro que la actividad minera tiene efectos positivos sobre los indicadores socioeconómicos, pero no se nota su impacto real debido a todo el dinero desperdiciado por el Estado.
No podemos continuar observando cómo los gobiernos subnacionales tardan casi el doble de lo planificado en otorgar la buena pro a un proyecto de inversión. En ciertos casos, las demoras son hasta tres veces en algunos gobiernos regionales y dos veces en algunos locales, situación que entorpece el uso eficiente de los recursos mineros, según el Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Recordando algo bueno: los Juegos Panamericanos
En 2017, el Reino Unido y Perú suscribieron un acuerdo bilateral para compartir experiencia en la estructuración de proyectos de infraestructura y transporte, cuyo objetivo se centraba en la planificación de los Juegos Panamericanos que se realizarían en el país en 2019, cuyo comité presidió Carlos Neuhaus.
Para llevarlo a cabo, se decidió aplicar el modelo de contrato Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo a través del cual el Perú contrató bienes y servicios del Reino Unido, a cambio del acompañamiento y la capacitación técnica de primer nivel, aumentando así los niveles de eficiencia y de desarrollo del personal peruano.
El dato clave: cada vez que se ha emprendido proyectos de inversión con el sistema G2G, su avance de ejecución ha superado ampliamente al de otros modelos de inversión pública tradicional, permitiendo que las obras se entreguen en mejores condiciones, tanto en tiempo como en costos.
A la fecha, se tienen 28 contratos suscritos y en ejecución, correspondientes a sectores de educación, salud y soluciones integrales. Este es un camino a seguir. Aquí hay una buena oportunidad de inversión en favor de los contribuyentes.
Fuente: Perú 21