Foto: Andina

El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, en Piura (PMRT) de Petroperú no es ajeno a la emergencia climática que afecta gran parte del centro y norte del país. No solo porque las lluvias anegaron un acceso al proyecto y paralizaron las obras al aire libre tres días en este mes. También porque su costo actual, US$5.400 millones, suena inoportuno frente al impacto de las lluvias y huaicos, que han generado pérdidas de capital por US$3.124 millones, según un balance preliminar de Macroconsult al 22 de marzo.

En efecto, la nueva administración de Petroperú, presidida por Luis Eduardo García Rosell desde el 1 de diciembre, se planteó si debía continuar el proyecto propuesto en el 2008 y adjudicado a la empresa española Técnicas Reunidas en el 2014. Optó por hacerlo. “Si no hacemos esa inversión, vamos a tener que cerrar la refinería. Nos vamos a tener que convertir en un simple comercializador (de combustible)”, afirmó García Rosell a El Comercio.

El proyecto de Petroperú fue concebido para incrementar la capacidad de refinamiento de la planta de 65 mil a 95 mil barriles diarios (bpd), reduciendo al mismo tiempo el contenido de azufre de los subproductos (diésel y gasolina) obtenidos de 3.000 a 50 partes por millón.

García Rosell argumenta que la inversión es necesaria para cumplir las mayores exigencias ambientales que entrarán en vigencia hacia el 2021, justamente cuando comience a operar el PMTR, un año y medio después de lo previsto inicialmente.

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No obstante, otros especialistas critican la viabilidad del proyecto. “El país tiene otras necesidades en infraestructura”, dice Carlos del Solar, ex director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en relación con la brecha existente y los desastres naturales actuales. Al mismo tiempo, cuestiona el costo de la modernización y lo compara con el de la refinería La Pampilla de Repsol –de 110 mil bpd–, que ha invertido US$800 millones. Para García Rosell, son proyectos incomparables, debido a la base tecnológica más actual con la que partió La Pampilla.

El economista Pablo Secada opina que el gobierno decidió continuar el PMRT por “razones políticas y no económicas”. “La Pampilla va a tener más capacidad”, dice. En su opinión, deberían realizarse cambios normativos para “dejar” Talara, privatizar Conchán (de 15,5 mil bdp) y delegar la producción en La Pampilla.

La consultora y ex gerenta de Hunt Oil Perú, Bárbara Bruce, critica que se siga con el PMRT a pesar de que los costos han aumentado considerablemente. Bruce afirma que es necesario repensar el abastecimiento de combustibles, teniendo en cuenta que la producción de crudo ha caído 44% entre el 2010 y el 2016.

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“El Perú debería tener un balance entre refinerías con importación de crudo y terminales con productos finales”, dice Bruce. Vale recordar que la apuesta de Petro-Perú es abastecerse de unos 100 mil bdp de tres pozos petroleros de la Amazonía. Esto representa el 50% del consumo nacional diario.

García Rosell no descarta la importación, si acaso el Oleoducto Norperuano no estuviese “actualizado” cuando los motores de la refinería de Talara se enciendan.

FINANCIAMIENTO

A la fecha, el avance de obras del PMRT es de 56,09%, informa Petro-Perú. La estatal ya ha desembolsado US$1.600 millones para cubrir ese avance.

Para financiar la inversión pendiente, la empresa estatal prevé emitir bonos por US$3.000 millones en el mercado externo, sin el aval del gobierno, resalta García Rosell. “La decisión que hemos tomado en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que no se va a usar la garantía del Estado para la emisión de bonos”, sostiene. Explica que así el proceso de emisión resultaría “más simple”.
“Las condiciones hoy son favorables. Hay mucho apetito por el Perú”, apunta García Rosell.

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Para Carlos Rojas, CEO de Andino Asset Management, la emisión de bonos resultará exitosa, pero no desvinculada del Estado. “Petro-Perú es un cuasi soberano, por ende es como si el Estado emitiera. Eso debería sumarse a la deuda del país”, subrayó. El monto de la emisión de Petroperú equivale a 1,5% del PBI actual, añade Rojas.
La empresa cuenta con grado de inversión, pero este depende del apoyo financiero que le brinde el Estado. “Ausente el respaldo estatal, los indicadores crediticios de Petroperú no son consistentes con la calificación de riesgo asignada”, afirmó Fitch Ratings cuando le dio la nota BBB+ en enero del 2016.

El estrés en los ratios de endeudamiento no cesará incluso cuando Talara esté terminada. García Rosell estima que el Ebitda de Petroperú crecerá a más del doble cuando opere la nueva refinería (de US$300 millones a US$650 millones). Aun así, su ratio deuda neta sobre Ebitda será mayor a seis, cifra mayor a lo que las calificadoras consideran aceptable para una petrolera con grado de inversión.

Así, aun cuando la emisión no tenga la garantía del MEF, el mercado podría considerar que la empresa es demasiado grande para que el Estado la deje caer en caso de problemas financieros.