Foto: Andina
Ni uno de los 25 gobiernos regionales del país cumplió con su labor fiscalizadora en materia de control sobre eventuales daños ambientales producidos por la pequeña minería y minería artesanal, informó el Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA) adscrito al Ministerio del Ambiente.
A través de un informe publicado por la misma entidad sobre fiscalización ambiental con datos del 2013, se dio a conocer que la región Tacna es la que menos funciones fiscalizadoras cumplió, con una ubicación en el último lugar del ranking de cumplimiento de funciones fiscalizadoras (1,65 sobre una escala de 20), seguida por Ayacucho y Madre de Dios, mientras que Piura encabeza el ranking de mayor cumplimiento, con 10,36.
Se destacó además que ningún ente regional fiscalizó cabalmente la actividad de la pequeña minería y minería artesanal en materia ambiental.
“Hay una ausencia de fiscalización ambiental en los gobiernos regionales y una falta de voluntad para colaborar de sus entes fiscalizadores. En Tacna no se reportó ninguna supervisión ni evaluación para ver si los pequeños mineros cumplían con los requisitos ambientales y, por supuesto, tampoco se implementó ningún proceso sancionador”, lamentó Mauricio Cuadra Moreno, subdirector de Supervisión a entidades del OEFA.
“Hemos remitido las denuncias por incumplimiento contra los 25 gobiernos regionales ante la Contraloría General (CGR), además de cuatro denuncias contra gobiernos locales. La CGR podrá emitir sanciones administrativas. Estamos a la espera de un pronunciamiento”, indicó Cuadra.
A pesar de ser la actividad susceptible de producir los daños ambientales más graves, los gobiernos regionales tampoco entregaron información sobre minería ilegal, como lo tendrían que hacer a través de sus entidades de fiscalización ambiental (EFA), reportó Cuadra Moreno.
Si bien el informe consideró que la falta de conocimiento de los funcionarios de entes regionales sobre la normativa y los procedimientos técnicos de fiscalización ambientales pueden ser unos de los factores explicativos de la situación, Cuadra Moreno resaltó que sí hubo capacitaciones de funcionarios y asistencia técnica por parte de la OEFA.
“Tampoco se explica por qué ningún gobierno regional pidió implementar el protocolo de intervención conjunta que permitiría ayudarles a fiscalizar. Nosotros podemos asistir, pero ellos tienen que ejecutar”, manifestó el funcionario de la OEFA, quién indicó que van a implementar regímenes de incentivos resaltando buenas conductas, a fin de prevenir incumplimientos sin atentar contra la autonomía regional.
Datos
ilegales. En agosto se intensificarán acciones de interdicción contra la minería ilegal, advirtió Daniel Urresti, alto comisionado para la interdicción y formalización.
acción. Urresti adelantó que visitará el cerro “El Toro” en Huamachuco, donde operan cientos de ilegales sin control ambiental alguno.
La República