canon minero

Áncash, Arequipa y Cusco son las localidades que más recursos recibieron por la actividad.

ProActivo. La transferencia de recursos generados por la actividad minera (canon minero, regalías y derechos de vigencia y penalidad) en favor de las regiones ascendió a S/ 4,644 millones el año pasado.

De acuerdo al Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), por el concepto de canon minero se transfirieron a las regiones casi S/ 2,900 millones el año pasado, por regalías alrededor de S/ 1,516 millones y por derechos de vigencia S/ 230 millones aproximadamente.

El reporte, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, señala que Áncash fue la región que recibió la mayor cantidad de transferencias el año pasado con más de S/ 1,324 millones, le sigue Arequipa con más de S/ 1,000 millones y Cusco con una cifra superior a los S/ 367 millones.

Ver también:  MINEM: Transferencias mineras superan los S/ 6,601 millones en primer semestre de 2024

En la relación continúa Tacna que recibió más de S/ 292 millones, La Libertad con más de S/ 276 millones. También está Moquegua con más de S/ 257 millones y Apurímac con una cifra superior a los S/ 222 millones, entre otros.

Canon minero

El Canon Minero, es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado. Esto como producto de la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos.

De acuerdo a la cuarta disposición final de la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2006, los gobiernos regionales y locales utilizarán los recursos provenientes de los Canon, así como los de Regalía Minera, en el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios públicos de acceso universal y que generen beneficios a la comunidad, que se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno y sean compatibles con los lineamientos de políticas sectoriales. Estos proyectos no podrán considerar, en ningún caso, intervenciones con fines empresariales o que puedan ser realizados por el sector privado.