Por: Nancy Ogata, Asociada Sénior del área Minero Ambiental del Estudio Rubio Leguía Normand
En las últimas semanas, hemos escuchado a distintas autoridades del gobierno central referirse a la “Rentabilidad Social” como una condición indispensable para la viabilidad de los proyectos de inversión privada en el Perú, pero ¿a qué se refieren exactamente cuándo nos hablan de Rentabilidad Social? ¿es acaso un concepto nuevo, alejado de las prácticas que lleva a cabo el sector privado? O, por el contrario, ¿forma parte del concepto de responsabilidad social que, constituye una tendencia mundial a nivel empresarial, la misma que ha ido creciendo e intensificándose en los últimos años? En las siguientes líneas buscaremos desarrollaremos este último concepto, en respuesta a las interrogantes planteadas.
La responsabilidad social ha pasado de ser una simple definición teórica a una verdadera herramienta de gestión que ha permitido que las empresas sean concebidas no sólo como agentes económicos enfocados en generar rentabilidad económica, reflejada en la generación de valor agregado y en la obtención de mejores resultados financieros; sino también en lograr un equilibrio adecuado entre lo económico, social y ambiental, lo que les agrega a su vez valor y a sus productos. Así, el concepto de responsabilidad social ha trascendido de las meras prácticas filantrópicas dentro y fuera de las organizaciones, constituyéndose en un real compromiso con la sostenibilidad y los distintos actores que participan de determinada actividad económica; manifestándose de tal forma que, en la actualidad, una empresa que no invierte en implementar políticas de responsabilidad social, corre el riesgo de perder legitimidad social y, con ello, viabilidad a largo plazo.
La rentabilidad social por su parte, si bien es un término económico vinculado a las externalidades positivas que debe generar un proyecto de inversión en la población local, el territorio donde se ejecuta y el Estado, como son la dinamización de la economía, el ingreso fiscal, el empleo, la infraestructura, la tecnología, la distribución del ingreso, el ecosistema y la cultura; desarrolla como parte de su contenido varias de las dimensiones de la responsabilidad social, tales como (i) la dimensión económica externa, que considera principalmente el aporte impositivo de las organizaciones a las instituciones públicas, así como la generación y distribución de servicios y bienes útiles y rentables para la comunidad impactada con la actividad; (ii) la dimensión social interna, por la cual los proveedores, directivos, inversionistas y colaboradores comparten la responsabilidad de una buena calidad de vida, condición de trabajo y el desarrollo de sus competencias y habilidades profesionales; (¡ii) la dimensión sociocultural y política externa, por la que la empresa realiza las acciones adecuadas para preservar y mejorar el mercado donde se desarrolla la organización, la comunidad que la rodea y los recursos que utiliza; y (iv) las dimensiones ecológicas interna y externa, que implican la responsabilidad sobre los daños ambientales ocasionados por la ejecución de sus procesos productivos y actividades económicas en general, lo que incluye la prevención y reparación de dichos daños, así como las acciones de preservación general del medio ambiente.
En efecto, la rentabilidad social tal como se ha definido, no es un concepto aislado del compromiso que tienen las empresas con la sostenibilidad a través de la generación de impactos positivos tanto en el crecimiento económico como en la calidad de vida de las personas. Al respecto, muchos de los proyectos de inversión, en específico los vinculados a la industria extractiva, no son ajenos a este concepto. En ese sentido, una de las industrias que lleva en su ADN las políticas de responsabilidad social y los criterios de rentabilidad social con las características descritas anteriormente, las que desarrolla en cada uno de los proyectos que ejecuta, es la industria minera formal, la misma que genera empleo local directo e indirecto; opera con altos estándares en seguridad y gestión ambiental que muchas veces superan la exigencias de la normatividad nacional; contribuye de manera importante en la recaudación de impuestos con oportunidades de desarrollo; actúa con total respeto por los derechos tanto de sus colaboradores como de las poblaciones locales, su cultura y costumbres y se encuentra en búsqueda constante de tecnología innovadora para el desarrollo de las operaciones con miras a ser cada vez más eficientes y generar menor impacto con sus actividades. A pesar de ello, la estrategia de desarrollo territorial que permite dinamizar el desarrollo sostenible de las poblaciones locales y comunidades, no es posible realizarla de forma aislada, sino que requiere la participación e interrelación de todos los actores, cada uno de acuerdo a su competencia: El Estado desde el liderazgo para asentar las pautas de la conducta empresarial responsable de las industrias, fomentando y brindando, además los incentivos para las buenas prácticas de las empresas privadas y garantizando una gestión pública eficiente y de calidad que garantice la adecuada distribución de los recursos generados por la inversión privada; el sector privado, invirtiendo de manera social y ambientalmente sostenible, con un enfoque en la responsabilidad social y mediante el análisis de los distintos stakeholders, que le permitan otorgar verdaderas oportunidades de desarrollo al poblador local, que contribuyan al desarrollo territorial del área del proyecto; y, finalmente, la población, la cual debe exigir el buen uso de los recursos públicos, alertar a las autoridades de las prioridades de desarrollo local y con ello fortalecer la gobernanza territorial.
A modo de conclusión
Hablar de rentabilidad social no es otra cosa que referirse a uno de los aspectos de la responsabilidad social, según el cual una actividad económica deberá proveer más beneficios que pérdidas a la población local en donde se ejecuta su proyecto de inversión; para lo cual, se requiere, no sólo la participación activa de la empresa privada, sino también del Estado, en todos sus niveles de gobierno, e incluso de la propia población local.
De ahí la importancia de que se requiera una adecuada y real interacción entre el Estado y la empresa privada, cuyos intereses no son opuestos, sino que finalmente convergen en el mismo objetivo: contribuir con la sostenibilidad de la población desde lo económico, ambiental y social.
Fuente: Opportunities (Cámara de Comercio Peruano Británica)